El proceso electoral del 5 de junio, con suficientes días posteriores para evaluar las disfuncionalidades que tampoco se van a arreglar en tribunales, dejó el aviso de que México alcanzó la madurez en el mecanismo procedimental de organización de elecciones y contar de votos pero sus resultados tampoco exhibieron la madurez democrática institucional.
Las guerras sucias entre candidatos, la manipulación de medios, la compra de votos con despensas y chacharitas, el decomiso de credenciales de elector, la violencia criminal y la incapacidad del Instituto Nacional Electoral para regular las votaciones configuraron un poder regional ajustado a los grupos de poder y grupos de interés y no a garantizarle a la sociedad el sentido democrático del voto.
Lo de menos es suponer la necesidad de una nueva –otra, después de muchas otras– reforma electoral que también se venderá como definitiva, si en realidad lo que falta es la reafirmación en los hechos de la voluntad democrática de los candidatos y sus partidos. El problema real es otro: los políticos de todos los partidos son los enemigos públicos de la democracia.
La democracia electoral es un mecanismo procedimental para recoger votos que reflejen el equilibrio de fuerzas de la sociedad. Pero el problema radica en la forma de conseguir los votos; por tanto, estaríamos frente a una democracia clientelar: usar recursos públicos para obtener por cualquier vía el voto de la sociedad.
El problema también radica en la sociedad. Si se hace una evaluación arbitraria a partir de los resultados electorales, podría aventurarse la hipótesis de que la ciudadanía mexicana conciente y analítica es de apenas el 33% del electorado, que un segundo 33% se dedica a vender su voto sin rubor y por la necesidad y un 33% de plano no participa por razones concientes o por repudio o porque no es prioritario. Este enfoque lleva a la evaluación crítica de los partidos: ya no son organizaciones alrededor de una idea, un ideal o una propuesta de administración del poder, sino oligarquías que trafican con los cargos públicos.
La crisis involucra a los aparatos políticos e ideológicos alrededor de los partidos y el gobierno; la educación, la academia, el análisis crítico en medios, la televisión que se queda en lo superficial. Las voces críticas en las redes quedan en la socialización de las pasiones individuales, no en conductas políticas socializables. En España el movimiento de los Indignados que metió al sistema político en colapso desde 2011 derivó en dos organizaciones partidistas: Podemos y Ciudadanos.
El desafío de la democracia mexicana radica en dos espacios reales: la reforma electoral que le otorgue más atención a los delitos que a las regulaciones y la movilización de las sociedades en la construcción de una ciudadanía. Los políticos ven a los electores como masa y no como sociedad o ciudadanía o como raza en el lenguaje de El Bronco.
En el corto plazo queda la certeza de que el actual sistema electoral fracasará en las elecciones presidenciales del 2018 y que se requiere de la reconstrucción total de la autoridad electoral a partir del principio de que su función debe ser la reactivación de la democracia y no el control o la sobrerregulación.
Si la elección del 2018 regresa a 1988, no hay que olvidar que entre 1988 y el 2000 estuvo 1994.
@carlosramirezh
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