La globalización nos ha dado la oportunidad de entender, de forma más clara, que las brechas entre los países del norte y del sur afectan no sólo a las naciones con menor progreso, sino también a los países desarrollados. La pobreza, la desigualdad y la exclusión que sufren millones de personas, además de vulnerar derechos fundamentales, generan un desequilibrio que limita las posibilidades del progreso mundial.
En razón de ello, a punto de concluir el plazo para el cumplimiento de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se establecieron en el año 2000 y que debían alcanzarse en 2015, la Organización de las Naciones Unidas está por concluir la negociación de la nueva agenda de desarrollo.
México ha participado activamente en dichas negociaciones impulsando varios temas, pero de manera destacada el enfoque de inclusión en la construcción de la nueva agenda para que las metas de ésta contribuyan efectivamente a la reducción de la exclusión y la desigualdad, que en nuestra región, por cierto, es la más grande del mundo.
Una vez adoptados los nuevos objetivos de desarrollo, los gobiernos y los parlamentos tendrán que hacer una serie de acciones para concretarlos en cada país. En nuestro caso, habrá que armonizar los planes de desarrollo de los tres órdenes de gobierno; hacer reformas legales; destinar presupuesto para nuevos programas o reforzar los existentes, y establecer los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas sobre los resultados en el cumplimiento de la agenda.
Con el fin de ir familiarizándonos con ésta, la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la República, que tengo el honor de presidir, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y la revista Foreign Affairs Latinoamérica, convocó esta semana a un panel de alto nivel en el que participaron los funcionarios que representan al gobierno mexicano en la negociación.
El panel describió los principales objetivos que contemplan retos de gran alcance como: acabar con el hambre en el mundo logrando la seguridad alimentaria y una mejor nutrición; promover sociedades pacíficas a través de facilitar el acceso a la justicia y la construcción de instituciones efectivas; promover el crecimiento económico sostenido y un empleo pleno y productivo, así como asegurar pautas de consumo y producción sostenibles. La agenda está compuesta por 17 objetivos y 169 metas, que requerirán de indicadores que cada país tendrá que definir en su circunstancia particular para evaluar el grado de cumplimiento.
El embajador Juan Manuel Gómez Robledo destacó que la agenda post 2015 tiene la característica de ser universal. Es decir, se convoca a su cumplimiento por parte de toda la comunidad internacional y no sólo por parte de los países en desarrollo para quienes, de hecho, estaban dirigidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio; mientras las Metas del Milenio tenían como finalidad librar una exitosa lucha contra la pobreza, la agenda post 2015 se compone de tres variables —económica, social y ambiental— bajo la premisa del combate no sólo a las causas de la pobreza sino a las causas de la exclusión y la desigualdad. Un reto relevante, advirtió, tiene que ver con generar el entorno habilitador, es decir, el entramado institucional, sólido y transparente, que permita precisamente la preservación del Estado de derecho y la protección efectiva de los derechos humanos. Sin estos elementos, la posición de México es que no hay viabilidad para materializar ninguna agenda de desarrollo económico y social.
Esta nueva agenda de desarrollo, que está por iniciar, constituirá el esfuerzo más grande que haya existido en la historia de la humanidad para abatir los grandes flagelos que aquejan a millones de personas como son el hambre, la inseguridad y la contaminación ambiental. Para México es una nueva oportunidad para construir un futuro de desarrollo y prosperidad.
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