El gobierno de la ciudad se empecina en negar la presencia del crimen organizado y deja en inminente riesgo a los ciudadanos.
Crimen organizado en la capital se escribe con Zeta. Es la lección que deja la más reciente revelación de las investigaciones del multihomicidio de la colonia Narvarte.
La punta del iceberg es grande y el resto debajo es peligroso. El gobierno de la ciudad se empecina en negar la presencia del crimen organizado y este rechazo de la autoridad deja en inminente riesgo a los ciudadanos.
El vuelco de información en el caso de la Narvarte que indica que otro de los involucrados, conocido como El Omar, formaría parte de una célula de Los Zetas, pone nueva evidencia en la mesa local y obliga a plantear nuevamente la discusión.
Los diputados del PAN en la Asamblea Legislativa del DF durante la VI Legislatura con insistencia advertimos el riesgo.
Ante el diagnóstico del cáncer que avanza en las calles de nuestra ciudad, planteamos mecanismos de atención. Pero los perredistas se han aferrado a sostener las ruinas de su banal letrero de “Ciudad Segura”.
Pero aun si no operaran Los Zetas, ante la evidencia, cuando menos sí utilizan la capital del país como patio de operaciones y ajuste de cuentas.
No hay mezquindad política que valga para enfrentar la crisis de seguridad. No es que alguien se alegre de tan mala noticia, pero no hay solución posible si no se reconoce que hay un problema grave.
No han sido menores los esfuerzos. En octubre de 2013, el PAN buscó impulsar la Ley del Centro de Inteligencia para la Seguridad Pública, con el fin de concentrar en un solo organismo toda la información de inteligencia para combatir al crimen organizado; desde la tribuna legislativa se dio la destacada defensa del diputado Santiago Taboada, sin embargo, la ceguera amarilla se convirtió en aplanadora y nos cerraron el paso.
La misma suerte han tenido nuestras otras propuestas contra el lavado de dinero, con modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales, a la Ley de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Así, pues, el PRD ha rechazado las propuestas para la prevención y desarticulación del poder de la mafia. De haberse aprobado, hoy contaríamos con instrumentos de vanguardia a nivel local con los que otros estados, como Tamaulipas, Michoacán o el Estado de México, no contaron, por lo que hoy sólo les queda el enfrentarlos a sangre y fuego.
No son iniciativas mágicas. Por sí mismas no dan la solución, pero, sin lugar a dudas, facilitan el paso para encontrar el punto de inicio en trabajo conjunto con las autoridades capitalinas.
El gobierno de la ciudad ha hecho un gran esfuerzo en materia de combate a la trata de personas, trabajos que derivan del reconocimiento del problema. Si admitiera que la delincuencia organizada tiene presencia en la capital, se podría hacer un esfuerzo similar.
Es cierto que no tenemos balaceras de horas, avenidas incendiadas, “levantados” por minuto. Es cierto que no estamos en estado de sitio con presencia de militares y federales. Pero pareciera que eso es lo que se espera para admitir la realidad que viven los capitalinos.
Ahora, desde la Cámara de Diputados, insistiremos en que se reconozca este problema. No en la búsqueda de polemizar sino de resolver. No por criticar sino para ofrecer soluciones.
Hoy toca a la administración capitalina reconocer. Y no como una señal de debilidad, sino como un mensaje de unidad, de aceptar que se requiere ayuda y está dispuesta a recibirla.
There is no ads to display, Please add some
