La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no hace ni ha hecho lo suficiente para impulsar el desarrollo del país. Si bien declara buscar lo contrario, la CFE está activamente inhibiendo la necesaria inversión tanto privada como pública.
No sólo devora subsidios del presupuesto federal, siguiendo el pésimo ejemplo de la otra “Empresa productiva del Estado”, PEMEX. Ambas empresas, que no tienen nada de productivas, desvían tantos recursos como los que se destinan a la Secretaría de Educación Pública. En 2021 requirieron subsidios entre ambas de 320 mil millones de pesos y en 2022 un estimado de 400 mil millones.
A pesar de que en sexenios anteriores ambas empresas tuvieron ocasionalmente utilidades, ahora ni no pueden generar lo que necesitan para cubrir gastos. Si en verdad fueran productivas, el gobierno tendría suficientes recursos para lo que está obligado a hacer además de financiar programas sociales: realizar obra pública, cubrir necesidades en educación, salud y seguridad, y en lo posible apoyar a estados y municipios a cumplir su misión gubernamental.
La CFE no sólo pierde enormes cantidades de dinero público, también incumple su obligación de un suministro eléctrico confiable y continuo. No invierte lo suficiente en nuevas generadoras ni permite que particulares lo hagan como fue el caso hasta 2020. Aduce que éstos compiten en forma desleal porque tienen menores costos, sin reconocer que son proveedores suyos que ayudan a mantener bajos los costos de venta de la CFE.
La visión de la dirección de la CFE, compartida con el inquilino de Palacio, es que debe reforzarse la propiedad estatal de las “Empresas productivas del Estado”. No les importa el costo ni que dejen de lado sus obligaciones para con la población, y con la generación de empleos.
De esa manera, en una visión miope, dejan crecer las pérdidas económicas y descuidan la atención de las necesidades de la población en aras de una visión parcial del servicio. No sólo dilapidan recursos, también descuidan la calidad del servicio que prestan.
La negación de permisos de generación a particulares de energías limpias a bajo costo, y el cambio del orden de despacho (utilización) que las relega después de la entrada de termoeléctricas obsoletas e ineficientes, encareció el costo de producción de la paraestatal. A esto hay que agregarle que la CFE no ha invertido en líneas de transmisión cuando la Construcción le reserva a ella el monopolio. No les importa dar un buen servicio o lo hacen a propósito para desalentar a inversores.
La falta de inversión particular no ha sido cubierta por la pública, y por eso la capacidad añadida al sistema eléctrico fue de 733 MW en 2022 cuando en años anteriores era de más de 3150 MW (alrededor del 10% anual). Añadiendo menos del 2.2% anual no puede pretenderse que la inversión -y el empleo- crezcan a altas cifras.
Hasta 2021 se cumplió la meta de generar al menos el 30% con energías limpias, pero a partir de 2022 se estancó la posibilidad de incrementarlas. Para alcanzar el compromiso del 35% de energías limpias en 2024 se requiere instalar otros 8 mil MW de energías limpias. Y en los últimos años la CFE sólo invierte como energía limpia la central fotovoltaica de Puerto Peñasco que aportará mil MW a un precio altísimo:1.6 mil millones de dólares.
Aunque hay permisos activos para generar energías limpias por casi 17 MW, sólo 4 MW se encuentran en construcción; los demás se han detenido por la incertidumbre política que pudiera terminar si nuestros socios del TLCAN finalmente logran destrabar la cerrazón de la dirección de la CFE.
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