La recaptura del capo muestra que las instituciones mexicanas, cuando quieren, pueden funcionar.
¡Vaya inicio de 2016! El estado de preocupación de muchos por la depreciación de nuestra moneda al superar la nueva barrera de los 18 pesos por dólar, por la caída de los precios del petróleo y por los pronósticos de bajo crecimiento económico para nuestro país, así como por la difícil situación internacional, fue puesto en pausa por la noticia de la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, tras haberse dado a la fuga en julio pasado de un penal de máxima seguridad.
Claro que la reaprehensión del narcotraficante más poderoso del planeta es una buena noticia y muestra que las instituciones mexicanas, cuando quieren, pueden funcionar. Sin duda este hecho resarce en algo la dañada imagen de México en el exterior, e internamente ayuda a recobrar confianza en las instituciones. Sin embargo, el reto de nuestro país sigue siendo que las palabras del secretario de Gobernación minutos antes de la presentación de El Chapo, llevada a cabo la noche del viernes, “las instituciones del Estado mexicano le han cumplido a quienes se deben: a la ciudadanía”, no sean una excepción sino la regla.
Un dato que llama la atención es la cantidad de elementos que durante seis meses fueron desplegados para llevar a cabo los operativos de búsqueda de Guzmán: más de nueve mil. Un número apabullante para un solo hombre. Claro que no se trataba de cualquier hombre, sino del “prófugo más buscado del mundo”, se trataba de aquel que dos veces se escapó de las manos al gobierno y de aquel que, tras su primera fuga, pudo evadir a las autoridades durante más de una década. Un criminal con un apabullante poder corruptor.
Con todo esto en mente, las especulaciones sobre la extradición o no extradición no se hicieron esperar. De todas las opiniones que leí y escuché de políticos, líderes de opinión y ciudadanos la tarde del viernes, no hubo una sola en favor de que El Chapo se quede en México. La especulación duró poco porque ayer por la tarde, tan sólo unas horas después del traslado de Guzmán nuevamente al penal de El Altiplano, la Procuraduría General de la República anunció que debe iniciarse su proceso de extradición. Lo que hay detrás de esta decisión y de las opiniones que la apoyan es un fundado temor de una nueva fuga.
La nota La lista de fugados de cárceles mexicanas no es menor, publicada por Excélsior el pasado 12 de julio de 2015, consigna que más de 200 internos se fugaron de centros de reclusión mexicanos en los últimos cinco años. Pero eso es sólo uno de los flancos débiles.
El especialista Alejandro Hope ha dicho que el problema de fondo es que no se ha atendido en décadas la debilidad institucional del Estado. En sus palabras, dicha debilidad se expresa “en los cuerpos policiales que son fácilmente infiltrables y pasan a las filas del crimen organizado, en el Ministerio Público, que es incapaz de armar un caso complejo y deja libres a criminales de cualquier rango, en el sistema de administración de justicia en donde los jueces resultan vulnerables a la corrupción e intimidación y en el mismo sistema penitenciario”.
Esto los narcos lo saben bien. El propio Mayo Zambada, socio de El Chapo, se lo dijo a Julio Scherer en una entrevista publicada por la revista Proceso en 2010: “si me atrapan o me matan, nada cambia”. Así es que después de El Chapo, sus fugas, su recapturas, su posible extradición, lo que queda es revertir la debilidad institucional y la realidad social que hace posible que miles de chapos florezcan en los campos regados por sangre de mexicanos. Sólo así la idea de un México con desarrollo y en paz será posible.
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