Votos, no balazos

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Por: Marcos Pérez Esquer

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La política de los “abrazos, no balazos” implementada por el falso mesías (The Economist, dixit), ha sido un rotundo fracaso que está poniendo a México de rodillas frente al crimen organizado.

Es lógico; en la medida que el Estado Mexicano se repliega y permite a las organizaciones delictivas actuar a sus anchas, el crimen crece, se fortalece, y domina. Solo a un necio como el mesías tropical (Enrique Krauze, dixit) se le podría ocurrir que permitir a los cárteles de la droga dejar hacer y dejar pasar, podría redundar en una reducción de la delincuencia.

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El apetito de dinero y de poder de las organizaciones criminales no tiene límites, solo los límites que imponen las instituciones policiales y de justicia pueden contenerlo; al retirar estos límites, se da paso franco a su empoderamiento cada vez mayor.

El proceso electoral está siendo testigo y víctima de ese curso de degradación que ha tomado México. Desde su inicio, 34 personas candidatas han sido asesinadas, y otras 54 personas vinculadas a la actividad política también han sido ultimadas. Se trata de 88 personas que han perdido la vida porque de alguna manera no le convenían al crimen organizado.

En su gran mayoría se trata de políticas y políticos que actuaban en el nivel municipal. Es ahí, en los gobiernos municipales, donde el crimen ha encontrado mayor facilidad para incidir en la colocación de perfiles afines a sus intereses, de tal suerte que en muchos lugares del país, cuando alguien no responde a dichos intereses, es “bajado” de la contienda; primero se le amenaza, y si ello no funciona, luego se le agrede, y por último se le mata.

Ocho de cada diez personas agredidas pertenecen a partidos políticos que compiten como oposición.

En Cajeme, Sonora, vimos el asesinato de Abel Murrieta, candidato a alcalde por Movimiento Ciudadano, a plena luz del día y en pleno acto proselitista. En Moroleón, Guanajuato, el homicidio en pleno mitin de Alma Barragán, candidata a alcaldesa también por Movimiento Ciudadano. La velocista olímpica, ex militar, y candidata a alcaldesa de Valle de Bravo, Estado de México, Zudikey Rodríguez, de la alianza PAN-PRI-PRD, fue secuestrada para entregarle un mensaje: “apártate, o te apartamos”. Cuando el miércoles pasado en sesión del Consejo General del INE se denunciaban estos y muchos otros actos de violencia política, el candidato a alcalde de Acapulco por Fuerza por México, el Güero Alonso era atacado a balazos.

La lista de episodios de violencia política podría continuar hasta llenar esta columna y muchas páginas más, porque se suceden día con día al grado que hemos empezado a “normalizar” esta situación. Nuestra capacidad de asombro y de indignación empieza a agotarse. Pero no debemos dejar de lado algo muy importante, además de las pérdidas humanas y de todo el dolor que ello implica para las familias, los seres queridos y las comunidades, el fenómeno revela algo espeluznante: Muchas de las personas candidatas que no están siendo amenazadas o agredidas, llegarán al poder para facilitar la actuación del crimen en sus territorios; responderán a esos perversos intereses. Y no se diga aquellas cuyas campañas están siendo financiadas por el propio crimen organizado. Estamos viendo un proceso de captura de los ayuntamientos por parte de los cárteles. Los efectos perniciosos de esto perdurarán por décadas.

La otra mala noticia es que la solución a esto pasa por medidas que toman lustros en ofrecer resultados. Implican el fortalecimiento de las corporaciones policiales, las fiscalías, y los órganos jurisdiccionales, pero también la mejora sustancial de la educación y de la economía.

Todo ello no se hace en tres o seis años, toma lustros e incluso décadas, y hoy por hoy nuestro gobierno lejos de avanzar, ha tomado decisiones que implican pasos hacia atrás. Desmanteló la única policía que empezaba a dar algunos resultados positivos como lo era la Policía Federal, para sustituirla por una Guardia Nacional que no hace investigación. Disminuye y regatea recursos tanto a las fiscalías, como al Poder Judicial. Devuelve el control del sistema educativo a la mafia sindical, y toma medidas económicas que acentúan la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Todo mal.

Pero hay una oportunidad de empezar a corregir el rumbo, esa oportunidad se materializa el próximo 6 de junio. Cambiemos la realidad con votos, no con balazos.


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