El presidente de Venezuela Nicolás Maduro está por cumplir dos años en el cargo. Con su arribo al poder se comenzó a escribir un nuevo capítulo en la historia de violaciones a los derechos humanos en aquel país. Un capítulo de aún mayor represión contra los disidentes y de anulación de las instituciones democráticas del Estado que el que protagonizó su antecesor Hugo Chávez.
En días recientes se sumaron a la lista de víctimas el alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma quien fue detenido arbitrariamente, y el estudiante Kluibert Ferney Roa de 14 años, asesinado por un policía durante una manifestación de protesta.
Estos actos no son un hecho aislado sino eslabones de una política de represión sistemática y articulada desde las instituciones del Estado. En el último año han sido perseguidos y encarcelados varios líderes de la oposición como Leopoldo López quien lleva más de un año preso sin habérsele comprobado los delitos que se le imputan. Asimismo, dos alcaldes opositores fueron condenados a diez y 12 meses de prisión en procesos penales que violaron las garantías de debido proceso, por haber removido obstáculos que impedían la libre circulación de personas en las calles de sus municipios en las cuales se llevaban a cabo protestas.
La intolerancia a las manifestaciones civiles también se ha incrementado. Derivado de la represión en contra de quienes se han manifestado en contra del gobierno desde febrero del año pasado a la fecha, se calcula que han muerto al menos 45 personas y han sido detenidas más de tres mil. Pero como si el Estado no contara ya con una fuerza desproporcionada en relación a la de los ciudadanos, apenas hace unos días, Maduro otorgó nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas que las facultan a emplear la fuerza para controlar manifestaciones pacíficas.
Ante este lamentable escenario y a pesar de que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han exigido al gobierno de Venezuela no criminalizar a los líderes políticos de la oposición, varios gobiernos de la región de «izquierda progresista» han preferido guardar un silencio cómplice frente a esta situación. Estos gobiernos carecen de una posición coherente: critican duramente a las dictaduras de la «derecha», pero enmudecen frente a los autoritarismos y dictaduras de la «izquierda».
Los organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) no sólo han sido omisos ante los abusos de Maduro, peor aún, lo han defendido de quienes han actuado en defensa de los venezolanos violentados.
Bajo una lógica difícil de entender y justificar, el gobierno mexicano ha sido coparticipe de este lamentable silencio. Siendo un país que durante los últimos años se ha hecho Parte de prácticamente todos los tratados y convenciones en materia de Derechos Humanos; que los incorporó en su Constitución y les otorgó la más alta jerarquía jurídica posible; que ejerció con gran reconocimiento la primera presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; que se ha abierto sin reservas al escrutinio internacional en esta materia y que por primera vez reconoció haber incurrido en responsabilidad de Estado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tiene no sólo la autoridad moral sino el deber como actor con responsabilidad global que pretende ser, de asumir para el caso específico de Venezuela, una posición mucho más congruente con todo lo que ha sostenido en los foros multilaterales.
Si bien es cierto que el canciller José Antonio Meade se ha pronunciado por un diálogo entre el gobierno venezolano y la disidencia, y ha calificado de lamentable la situación, las y los senadores de Acción Nacional creemos que la política de México en este caso debe buscar no sólo ser prudente, sino eficaz e incorporar el sentido de urgencia porque cada día que pasa sin que se le ponga un alto a Maduro, es un día más en el que más vidas de venezolanos corren peligro.
Como en otros casos de conflictos en nuestra región, México debe impulsar un acuerdo que ponga fin a esta historia de muerte y represión, proponiéndose como mediador o proponiendo y respaldando a otro gobierno de nuestra región que pueda lograr la mejor interlocución posible entre las partes. Es la hora de una defensa colectiva de la libertad y de la democracia.
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