¿Va en serio el combate a la corrupción?

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La obligación de los servidores públicos de presentar declaración patrimonial y de intereses.

Hace una semana (finales de abril) se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y todo apunta a que en los próximas días se votará en el Senado, lo que a pesar del justificado escepticismo de la ciudadanía dados los antecedentes y la grave crisis de credibilidad por la que atraviesa la clase política, representa un paso importante y un triunfo para organizaciones como la Red por la Rendición de Cuentas, Fundar, México Evalúa y el Partido Acción Nacional que han sido sus principales impulsores.

Entre los puntos más destacables de esta reforma podemos mencionar: 1) La creación del Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre todas las autoridades encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 2) El establecimiento de un Comité Coordinador y otro de Participación Ciudadana. 3) La ampliación de facultades de la Auditoría Superior de la Federación. 4) La eliminación de los principios de anualidad y posterioridad. 5) La Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control serán los encargados de investigar y substanciar cuando se trate de faltas administrativas graves, que serán resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 6) La inclusión del enriquecimiento ilícito como causal para que proceda la extinción de dominio. 7) El plazo para la prescripción aumenta a 7 años. 8) La inclusión de los particulares como responsables por faltas administrativas graves o comisión de delitos de corrupción. 9) La obligación de los servidores públicos de presentar declaración patrimonial y de intereses. Y 10) la ratificación por el Senado del Secretario de la Función Pública.

Sin embargo, queda un largo camino por recorrer, ya que se requiere de la aprobación de cuando menos 16 legislaturas locales, y no podemos descartar que los gobernadores traten de incidir ante su oposición manifiesta a que la Auditoría Superior de la Federación tenga facultades para revisar la aplicación de las participaciones federales y de las deudas estatales que se encuentren garantizadas por la Federación.

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Adicionalmente, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional el Congreso de la Unión contará con un año para expedir las leyes generales, y posteriormente se tendrán otros 180 días para realizar las adecuaciones normativas tanto a nivel federal como local que deriven de ellas.

Este es un tramo riesgoso ya que para aprobar la legislación secundaria se necesita tan sólo de mayoría simple, lo que puede ser aprovechado para tratar de limitar los alcances de la reforma constitucional como ya ha sucedido en otras ocasiones, y el ejemplo más cercano lo tenemos con las modificaciones solicitadas por el Ejecutivo Federal -a través del PRI y del PVEM- a la Ley General de Transparencia que incluso han sido calificadas como regresivas.

Una vez que concluya el proceso legislativo habremos de enfrentar quizá el mayor reto que es el de la implementación, ya que la experiencia nos dice que es justo cuando las presiones crecen, la decisión política flaquea y se busca como darle la vuelta a la norma para que al final todo siga igual. Esperemos que no sea el caso, y que esta vez el combate a la corrupción ¡vaya en serio!


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