Un aspecto en suma delicado, que ha sido tratado con el mayor desdén, sin darle importancia alguna y prácticamente desestimándolo, se refiere a la participación de los carteles de la delincuencia organizada en el pasado proceso electoral, tornándose evidente en muchas regiones del país.
Si bien, el clima de violencia tuvo un poderoso impacto en algunas zonas, tanto por las amenazas, secuestros y homicidios perpetrados en contra de candidatos, haciendo notable la presencia de grupos delincuenciales organizados e involucrados en las elecciones, también lo es, que en muchas partes no tuvieron necesidad de llegar a esos extremos al utilizar métodos menos visibles para conseguir sus objetivos.
Ante esa realidad, se han abierto las puertas de la especulación, sin que sea óbice el argumento de que se instalaron el noventa y nueve por ciento de las casillas, cuando se violentó la libertad del sufragio, principio toral de toda democracia. En efecto, el temor, la dádiva, la amenaza, la extorsión y causas similares erosionan el voto libre y socavan el sostén electoral.
En ese contexto, no son las trampas electorales únicamente el motivo de queja, por desgracia estas siempre han existido y las pasadas elecciones no fueron la excepción, sino que ahora con la variable adicional de la incursión novedosa de los grupos delincuenciales.
El problema no termina en ese ámbito, por el contrario, ahí comienza ya que vale preguntarse ¿para que quiere la delincuencia puestos de gobierno?, cuestionamiento por demás obvio, al advertir que desde esos espacios facilitan su labor criminal y se expanden, diversificando sus actividades, manteniendo controles férreos en las zonas; de gobiernos paralelos, pasan a ser propietarios de la administración pública.
La situación en consecuencia se torna compleja, pues sus alcances rebasan el concepto de seguridad pública al entrar al terreno de la seguridad nacional, pues se pone en riesgo la estabilidad, integridad y permanencia de instituciones democráticas del país, amen de que se atenta contra la preservación de la democracia y el desarrollo económico, social y político.
Por tal razón, siendo un asunto de extrema importancia y trascendente, causa alarma que el presidente, haya mostrado una actitud desinteresada y me atrevo a decir, hasta irresponsable, al negarse a recibir al Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, dejándolo en la vía pública cuando pretendía presentar pruebas sobre la participación del crimen organizado en su entidad.
En su caso, debió ser el más interesado en aclarar el asunto y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, al configurar conductas de su competencia, independientemente de las figuras delictivas que pudiesen imputarse a los responsables, la defensa del Estado Mexicano es competencia del Titular del Ejecutivo, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en ese orden, estaba obligado a cumplir con su deber y verificar los alcances de la información.
Ante la magnitud de los eventos, por salud pública y en aras de preservar la estabilidad de las instituciones democráticas del país, resulta necesario investigar a fondo y combatir con determinación, legalidad e imparcialidad, todas aquellas conductas provenientes de grupos delincuenciales inmersos en los procesos electorales. Aunque cierto estoy que es pedir peras al olmo, es una administración que se conduce con parcialidad y lealtades personales.
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