Parece que estas últimas semanas han resultado definitivas para fijar el rumbo que seguirá el gobierno de Enrique Peña Nieto en lo que queda del sexenio. Ante la serie de reveses que el país está sufriendo en materia económica, el conjunto de estrategias y medidas de emergencia aplicadas por la administración federal hacen ya patente el abandono definitivo del Plan Nacional de Desarrollo (¿alguien lo recuerda todavía?), el cual está siendo sustituido por algo que bien podría llamarse el Programa Nacional de Recorte Presupuestal y Austeridad Permanente.
Al participar en The Real State Show 2015, organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios en el Centro Banamex el pasado martes 21 de abril, el cada vez más atribulado Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, declaró que los recortes presupuestales tendientes a reducir el gasto gubernamental llegaron para quedarse durante varios años.
Este indeseable periodo de vacas flacas lo atribuye principalmente a la mayor incertidumbre reinante en el panorama económico internacional, que entre otras cosas estará marcado en el corto y mediano plazo por un menor crecimiento tanto de las naciones desarrolladas como emergentes (que en conjunto conforman los motores que empujan a la economía mundial); unos precios del petróleo permanentemente más bajos y una alta volatilidad tanto en el flujo de capitales como en los tipos de cambio ante el próximo incremento en las tasas de interés en los Estados Unidos.
Como respuesta a esta situación, el secretario manos de tijera plantea que la estrategia adecuada del país, si de lo que se trata es mantener la estabilidad, debe ser el prepararse para un menor gasto gubernamental. Como variable crítica plantea que el precio de la mezcla mexicana de petróleo se mantendrá los próximos años cerca de los 50 dólares por barril, prácticamente la mitad del nivel vigente durante el último auge petrolero.
Estas declaraciones despejan prácticamente cualquier duda de que nuevamente todas las baterías gubernamentales se orientarán, como ha sido la constante desde los años ochenta, a proteger a toda costa la “estabilidad macroeconómica”, único objetivo válido y legítimo para nuestras poco imaginativas autoridades, quedando lastimosamente relegado una vez más el crecimiento y desarrollo socioeconómico para una mejor ocasión.
Hay que recordar que esta fijación obsesivo-compulsiva por la estabilidad, al final no ha brindado los frutos esperados. Si bien desde hace años mantenemos la inflación bajo control y no incurrimos en déficits presupuestales crónicos, también es cierto que no ha habido crecimiento, que los ingresos de las familias se han desplomado y que no se genera ni la mitad de los empleos que la sociedad requiere.
La cuestión de fondo de los futuros recortes del gasto, radica en que se debilitará aún más la capacidad del gobierno federal para realizar las inversiones que se necesitan para fortalecer nuestro desarrollo socioeconómico. ¿De dónde saldrán los recursos para llevar a cabo las obras contempladas en el Programa Nacional de Infraestructura, para mejorar y dignificar nuestras escuelas o dotar de medicinas a los hospitales?
La reducción del gasto gubernamental, además de ser una respuesta a shocks de origen externo, es reflejo de la fragilidad de nuestras finanzas públicas. Uno de los problemas estructurales más graves del país es su baja capacidad recaudatoria. Mientras que en países de similar nivel de desarrollo como Brasil o Argentina la recaudación tributaria representa más del 30% del PIB, en México todavía no llegamos al 20% (con todo y la contribución de PEMEX). Finanzas públicas pobres, se traducen en infraestructura deficiente y servicios públicos insuficientes y de mala calidad.
Revisando la estructura de los ingresos y gastos presupuestales, podemos observar lo siguiente:
-En primer lugar, que las finanzas públicas del país continúan siendo altamente dependientes de los ingresos petroleros, los cuales aportan aún el día de hoy cerca de la tercera parte de los ingresos del gobierno federal. Si los ingresos petroleros se reducen en la misma proporción que los precios, eso quiere decir que la recaudación del gobierno se vería reducida para los próximos años en alrededor de un 15% por este sólo concepto.
-La tan cacareada reforma fiscal, que entre otras cosas se suponía iba a solucionar el problema de la petrodependencia, ha sido un rotundo fracaso para incrementar la capacidad recaudatoria. En 2014, año de su implementación, los ingresos por concepto de impuestos federales apenas crecieron 0.8 puntos, al pasar de 9.7 por ciento del PIB en 2013 a 10.5 por ciento del PIB el año pasado.
Si ante situaciones de contingencia como las que estamos viviendo, la única respuesta que se le ocurre al gobierno federal es meter la tijera, nada positivo se puede esperar. Además de hacer más eficiente el gasto y eliminar la corrupción y el dispendio imperantes, se debe replantear a fondo la reforma fiscal, de manera que pueda construirse un sistema recaudatorio progresivo, eficiente y que impulse a la economía en lugar llevarla al estancamiento. De no hacerlo, quien tendrá que mantener apretado el cinturón en los siguientes años será la sociedad mexicana.
There is no ads to display, Please add some
