La aseveración ante la Comisión Permanente de Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, fue muy clara: «la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha rebasado los recursos financieros, las estructuras y la logística del gobierno estatal de Oaxaca». Reconoció que ese estado carece de fuerza para controlar sus protestas.
Sin pedir explícitamente el auxilio de las fuerzas federales expresó «que los nuevos tiempos de la educación en los estados del sureste exigen unidad y trabajo conjunto» para enfrentar a la CNTE. Precisó que desde hace 23 años el 92% del Instituto Estatal de la Educación Pública, unas 83,000 personas, está sindicalizado, lo que impide a autoridades estatales diseñar y operar una eficiente política de desarrollo educativo. Su capacidad de movilización supera los mecanismos de contención del estado, imposibilitando el control de asistencia, descuentos y sanciones.
Su declaración culminó con la aseveración de que Oaxaca carece de la fuerza para contener a la CNTE. Recordó que mientras que en el Distrito Federal hay 80,000 policías, en todo Oaxaca sólo hay 3,000. «Si se realiza una detención, por muy justificada que sea, en menos de una hora está cerrado el estado, ocupada la Procuraduría, el aeropuerto y los accesos carreteros». Oaxaca no tiene la fuerza pública para contener a la CNTE.
Pero Oaxaca no es una isla, ni su gobierno el único responsable de garantizar el orden. El gobierno federal debe asumir su responsabilidad en forma subsidiaria. Si un gobierno estatal es rebasado, el federal debe apoyar para aplicar la ley. En este caso quizá omitió se deber porque el gobernador no proviene de las filas de su partido, pero hasta por conveniencia propia debió actuar contra quienes atentan contra la ley.
Habría evitado que la indisciplina magisterial alcanzara más estados y busque abarcar toda la República, imposibilitando la Reforma Educativa. Este comportamiento alcanza ya a todos los estados del Sur, de Chiapas a Michoacán con diferentes matices, pero al igual que en Oaxaca, en Guerrero es evidente la ausencia de Estado. Ni el gobierno estatal está presente ni el federal lo apoya. Como si no fuéramos una federación, en el sur del país es evidente que el Estado está ausente al menos en materia educativa y de preservación del orden.
Pero en otras entidades la ausencia del Estado es en materia contable y fiscal, de salud, de protección ecológica y de trabajo. No sólo no se cumplen diferentes regulaciones (precios, medio ambiente, agua, etc.), sino en muchos casos la ley es letra muerta. Por ello diversas entidades han acumulado una deuda desproporcionada o mal utilizado fondos federales. La reciente demanda penal de la Auditoría Superior de la Federación (que depende de la Cámara de Diputados) a Colima y otros 5 estados prueba los insuficientes controles de la Secretaría de Hacienda.
El pacto federal requiere cambios, ajustes y precisiones, pero sobre todo de voluntad para aplicar la ley en todos los ámbitos sin distinción del partido que gobierna en entidades y municipios. El nombre de Estados Unidos Mexicanos no debe ser sólo retórica sino la base firme sobre la cual reside el bienestar de los mexicanos.
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