Todas las crisis, todos los medios (2)

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Si se estima que cada veinte años se tiene una nueva generación, entonces somos ya cuando menos 4 generaciones que hemos vivido un México en medio de distintas crisis, mismas que no han permitido desarrollarnos siquiera a media capacidad, como personas y como sociedad, con el agravante de que, en estos tiempos, el país sufre de múltiples crisis en forma simultánea, que se nutren y refuerzan una con otra; así, la crisis en seguridad impide un sano desarrollo económico y la crisis en la economía incrementa los factores de inseguridad, todo ello involucrado con una crisis en la educación, que estanca la economía y que está aportando miles de jóvenes a la delincuencia, organizada o no; todo lo anterior ha significado que la lucha contra la delincuencia parece no tener fin, a pesar de la intervención de las fuerzas armadas y del ataque directo a los carteles y sus cabecillas.

En este entramado, aparece también una crisis de gobernabilidad ante los errores, ineficiencia y corrupción de nuestros gobernantes en el Poder Ejecutivo, que nos ha llevado a una crisis de confianza y credibilidad que ha impedido que trabajen juntos sociedad y gobierno.

Pero no solo el problema de gobernabilidad se presenta en el Ejecutivo, también está, como 5to. Factor de crisis, el Poder Legislativo que, como nunca antes se ha desprestigiado, especialmente la Cámara de Diputados, cuyo nivel de aceptación social aparece hasta el final de la tabla, junto con los Partidos Políticos y las policías. Mensajes de corrupción como el de “los moches”, es decir, que los diputados pidan dinero por asignar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) o asignarse a sí mismos fondos, supuestamente, para obras en sus Estados o en sus distritos; en 2015 fueron 10 millones por cabeza y para 2016 serán 20 millones (también se incluye a los senadores), rompiendo así con el principio constitucional de “División de Poderes”, que en esta materia se refiere a que el Poder Legislativo no debe ejercer presupuesto, excepto el de sus gastos de operación como Cámara.

6ta. Crisis. Igualmente el Poder Judicial presenta síntomas serios de credibilidad y de confianza, ante la designación de magistrados por motivos políticos o de amiguismo y por la errática actuación de jueces federales y locales, como algunos concediendo resoluciones judiciales en unos cuantos días por cientos de millones de pesos. Igualmente da mucho que pensar cuando la Corte en pleno emite sentencias como la de la ciudadana francesa Florance Cassez, que primero fue encontrada culpable, pero durante el nuevo Régimen de Peña Nieto, se dejó en libertad, arguyendo que la PGR creó un “montaje” para inculparla, lo raro fue que no hubo ningún enjuiciado por el supuesto montaje.

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En el fondo, el problema es de impartición de justicia, pues ahora se desconfía de todo el sistema, desde el Ministerio Público, la PGR, los jueces y los magistrados.

7ma. Crisis, la de los Partidos Políticos, cuyos dirigentes y candidatos se han visto involucrados en diversos actos de corrupción y de deshonestidad y hasta de complicidad con la delincuencia organizada. El problema es que, precisamente de los Partidos Políticos se elige a los gobernantes, quienes llegan arrastrando problemas y compromisos políticos y de grupos, que lo único que hacen es continuar con gobiernos ineficientes corruptos y faltos de credibilidad social.

8va. Crisis en Salud. Los tres pilares de atención al “derecho universal de salud”, el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular, han quedado rebasados tanto en sus servicios y sus instalaciones, como en su personal médico, de enfermería y administrativos, ante la falta de presupuesto para nuevos hospitales, clínicas y equipamiento, pues tanto el IMSS como el ISSSTE registran miles de millones de pesos en pensiones y jubilaciones, no sólo de su propio personal, sino también de sus derechohabientes, pues sus egresos son muy superiores a sus ingresos, pero con tendencia a incrementarse las pensiones ante el avance de la edad promedio de los mexicanos y todo esto, a pesar de las reformas legales para aminorar el costo de esta obligación institucional.

Si nuestros lectores aguantan, en un tercer artículo abordaré otras crisis que nos agobian y sobre las cuales hemos de buscar y encontrar soluciones.


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