¿En qué país del mundo le obsequian a alguien 200 hectáreas para construir un parque industrial que luego van a vender a precios estratosféricos?
La Segob se está convirtiendo en depredadora de los bienes de la Nación. Solo hay que ver los acuerdos a los que está llegando con la CNTE, descongelando cuentas de la Sección 22, reinstalando a maestros cesados por incumplimiento de ley o liberando a presos que han sido procesados por delitos graves; sin olvidar los “convenios” con el SME para “obsequiarle” a sus líderes instalaciones de la CFE con valor de miles de millones de pesos y que son bienes públicos que pertenecen a todos los mexicanos.
Ahora nos enteramos que, sin motivo ni justificación alguna, la Segob promueve un convenio para “donar” 200 hectáreas de la Zona Federal del Lago de Texcoco (ZFLT) al municipio de Chimalhuacán para la construcción de un parque industrial.
Los terrenos están en una zona que se conoce como los Tlateles, localizada al sur del Lago Nabor Carrillo y que forma parte de la Zona Federal del Lago de Texcoco (ZFLT).
Hace mucho tiempo con la desecación del Lago de Texcoco y la pérdida del espejo de agua, muchos terrenos pertenecientes al Lago fueron invadidos, principalmente, por asentamientos irregulares de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Posteriormente, la mayoría de estos asentamientos fueron urbanizados y regularizados; sin embargo, cabe mencionar que desde el 28 de marzo de 1936 existe un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial, el cual “declara nula, cualquier titulación hecha sobre los terrenos nacionales provenientes de la desecación del Lago de Texcoco”.
En 1971, mediante decreto presidencial, se promulgó el Plan Lago de Texcoco y la declaratoria de la ZFLT. En dicho decreto se delimitó la ZFLT con aproximadamente 14,000 hectáreas (ha), incluidos los terrenos de los Tlateles. Lamentablemente, pese a los decretos de 1936 y de 1971, las invasiones continuaron hasta que el 8 de noviembre de 1982 se emitiera un nuevo decreto del Ejecutivo Federal para que la ZFLT quedara con 12,000 ha.
Como parte del Plan Lago de Texcoco, se construyeron el lago artificial Nabor Carrillo en una superficie de 1,000 ha, un lago recreativo, plantas de tratamiento con lagunas de oxidación, así como el Dren General del Valle que conduce las aguas negras al Gran Canal del Desagüe. Al sur del Lago Nabor Carrillo y para evitar que continuaran las invasiones por el lado de Chimalhuacán, se construyeron dos canales: el Dren Chimalhuacán I y el Dren Chimalhuacán II, conectados a su vez al Dren General. Entre estos drenes y el lado sur del lago Nabor Carrillo quedó el área de aproximadamente 1,000 ha a la que se le sigue llamando los Tlateles.
Los Tlateles siempre han formado parte fundamental de la Zona Federal; es un espacio de protección del propio lago Nabor Carrillo que además está declarada como área de protección y anidación de aves migratorias. Es muy importante recordar que este lago artificial replica, en parte, el microclima y las condiciones ancestrales del gran Lago de Texcoco, por lo que su cuidado y preservación son muy importantes.
En 2001, mediante un convenio simple, la Conagua autorizó la solicitud del Gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, para la creación del Parque Ecológico Estatal Ing. Gerardo Cruickshank García, proyecto que nunca se realizó. Sin embargo, cuando se dio a conocer el proyecto para el NAICM, el Gobierno del Estado de México tuvo que “devolver” los terrenos al Gobierno Federal de la misma forma irregular mediante un “acuerdo”, con el objeto de que la Conagua construyera el sistema de regulación hidrológica dentro del proyecto del NAICM.
Cuando el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer el proyecto del NAICM con los planos arquitectónicos de la terminal y las pistas, se presentó también el correspondiente a la construcción de una serie de lagunas de regulación que, además de proteger las instalaciones del Aeropuerto, garantizarán la seguridad de miles de familias del oriente de la Ciudad.
El proyecto hidráulico consta de cuatro lagunas: Peñón-Texcoco, San Bernardino, Chimalhuacán I y Chimalhuacán II, con una capacidad total de regulación de 40 millones de metros cúbicos de agua. Este volumen compensa el espacio natural de regulación del vaso del Lago que será ocupado por el proyecto del NAICM.
No obstante, las 200 hectáreas que se pretenden “donar” a Chimalhuacán están exactamente en los terrenos donde se proyectan estas lagunas de regulación. Entonces, ¿se van a construir las lagunas? ¿El proyecto del NAICM que presentó el presidente Peña se llevará a cabo? ¿Se dejará sin protección contra inundaciones a toda la zona oriente del Valle de México?
La noticia de esta “donación” se dio en medios nacionales con el argumento de que el proyecto sería de beneficio para la economía del Municipio, cuando en realidad se trata de una maniobra del Gobierno del Estado de México, con la Segob y líderes de Antorcha Campesina. Esto quedó demostrado cuando el mismo día del anuncio se llevó a cabo la invasión por parte de un contingente de Antorcha Campesina a los terrenos supuestamente donados.
Siendo Director General de la Conagua atendí una reunión que solicitó el entonces Secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Enrique Miranda, actual Subsecretario de Gobernación; lo acompañaban el líder de Antorcha Campesina, ex alcalde de Chimalhuacán, junto con un grupo de arquitectos, para presentarnos un anteproyecto de lo que sería un parque industrial para beneficio de dicho municipio, ubicado precisamente en los terrenos federales conocidos como los Tlateles.
En la reunión les explicamos que los terrenos federales son un espacio vital de protección y regulación hidrológica del Lago Nabor Carrillo; que su preservación es fundamental de acuerdo a esa vocación, y por lo mismo, no se puede autorizar ningún tipo de construcción.
Es evidente que la operación anunciada no se trata de una donación ni al Municipio ni a la organización de Antorcha Campesina, sino de un negocio muy jugoso. ¿En qué país del mundo le obsequian a alguien 200 hectáreas para construir un parque industrial que luego van a vender a precios estratosféricos? Se trata de 2 millones de metros cuadrados, que a precios de Indaabin representaría una cifra superior a 400 millones de pesos, pero que si tomamos en cuenta el valor comercial de terrenos aledaños a un gran proyecto como el NAICM, entonces ese precio podría ser de miles de millones de pesos.
Ahora resulta que ni parque ecológico, ni lagunas de regulación, ni zona de protección, ni nada. El Gobierno Federal, violando toda la normatividad, pretende “obsequiarlo” a estos líderes corruptos que obligan a sus socios a encuerarse en la vía pública.
Hacemos un llamado al Presidente de la República para que frene esta “donación”. ¿Dónde queda el discurso del Sistema Anticorrupción? Hacemos un llamado al Senado de la República para que atienda esta grave situación e instale inmediatamente la Comisión Especial de Seguimiento al Proyecto del NAICM, ordenada por el Pleno del Senado hace más de un año.
Ni la Segob, ni el Estado de México, ni la SCT, ni la Conagua tienen facultad de establecer convenios de ninguna especie para ocupar esta Zona Federal que puede salvar a millones de personas de graves inundaciones. Solo mediante decreto presidencial de desincorporación, con una justificación lo suficientemente sólida, podría eliminarse la condición de Zona Federal; mientras tanto, la única obligación de todas las dependencias federales es vigilarla y protegerla.
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