Tambores de guerra

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Esto apenas comienza y ya llegaron a la barandilla. Ahí seguirán durante todo el proceso, pues las instituciones de procuración de justicia son parte fundamental de la estrategia de campaña del oficialismo. Desde el poder se busca imponer la narrativa que divide en dos campos el imaginario electoral, “transformación” vs. “corrupción”, y a la fiscalía le toca apuntalarla con sus actuaciones en contra de personas identificadas con la oposición.

Las formas importan menos que los votos. Por ello, el fiscal Alejandro Gertz Manero acudió a la mañanera un día después de presentar la solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aprovechando ese influyente foro del gobierno para difundir la visión de la parte acusadora sin reparar en el daño que con ello infringe a la autonomía de la fiscalía, la cual de por sí ya estaba en duda.

Es un juego de artificio porque para proceder penalmente contra el mandatario estatal se requiere no sólo el voto mayoritario en las cámaras federales, que lo tiene de sobra Morena y sus aliados, sino también del Congreso local, lo que no va a ocurrir porque ahí la correlación de fuerzas es muy distinta. El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere un espectáculo electoral sin mártires y sin necesidad de tener que pagar la fianza como querían hacer con él en 2005.

Los populismos del siglo XXI ven los procesos electorales como una lucha entre adversarios irreconciliables, donde vencer significa no sólo gobernar, sino también convertir a la oposición en marginal e irrelevante; es la guerra por otros medios, pero con consecuencias similares. No en balde hablan de “revolución pacífica” y niegan toda legitimidad a quienes disienten.

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Cuando el líder populista pelea por el poder exige y se beneficia de las garantías democráticas para que la contienda sea justa y equitativa, pero cuando lo consigue no duda en usar los recursos del Estado para ganar elecciones. Eso sucede aunque nunca acepte que juega con ventaja y la abrumadora propaganda se encargue de presentarlo como víctima de intereses poderosos que se confabulan.

Ese choque frontal entre lo que se dice y lo que se hace explica el Acuerdo por la Democracia, el cual recuerda los llamados Pactos de Civilidad que promovían en los comicios los gobernadores más incivilizados durante el periodo de Carlos Salinas.

Mientras operadores electorales reparten programas sociales de transferencias en efectivo a millones de ciudadanos, y hasta se les incluyó en el plan de vacunación, el Presidente que interviene cada mañana en el proceso electoral convoca a los demás gobernantes a comprometerse a no usar recursos públicos en las campañas. El chiste se cuenta solo.

Las instituciones tienen que alinearse a la narrativa oficial o pagar las consecuencias. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y su titular están hoy en el patíbulo de la Cámara de Diputados porque buscan sancionar a quienes elaboraron el informe de la cuenta pública de 2019, el cual dio a conocer irregularidades por más de 100 mil millones de pesos, al margen de la polémica por el costo de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. El juicio sumario que les prepara la mayoría incondicional servirá para absolver al gobierno sin que éste tenga que rendir cuentas. Si el Presidente decretó el fin de la corrupción para diferenciarse de sus adversarios de cara a la elección, nada debe desmentirlo, ni siquiera la realidad.

No hay cabida más que para sus “otros datos”. Por eso arremetió contra medios y periodistas que dieron a conocer el informe de la Auditoría Superior de la Federación.

Toda la comunicación gubernamental fue centralizada para tener una sola y potente narrativa que incida en las elecciones de este año y pretende que ésa sea la visión que predomine, inhibiendo la crítica y descalificándola de entrada.

Lo que estamos viendo es tan sólo el entremés. Los meses que vienen serán judicialmente más intensos, pues el objetivo del oficialismo es que los ciudadanos no los castiguen por la falta de resultados, sino que culpen de los problemas a sus adversarios, usando facciosamente al Ministerio Público. Para ellos, el fin justifica los medios.


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