El domingo pasado escribí sobre los foros de discusión que tendrían lugar en la semana a fin de discutir los desafíos, expectativas y preocupaciones sobre el diseño de las leyes que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción y al nuevo sistema de responsabilidades de los servidores públicos que tiene que resolver el Congreso. Después de una semana de escuchar a académicos y empresarios; organismos internacionales como la ONU y la OEA; activistas y contralores de los gobiernos locales y a funcionarios de las instituciones que formarán parte del sistema, hay varios temas que no pueden dejarse fuera de la discusión.
El proceso de la creación de las leyes anticorrupción, representa una oportunidad para realizarse bajo reglas de parlamento abierto que propicien, en primer lugar, que más ciudadanos se enteren que se está cocinando una reforma que busca atender al que es identificado por muchos como el principal problema estructural que padece México hoy día; que se generen mecanismos para recibir las aportaciones que quieran hacer ciudadanos interesados y que la autoría de cada una de las propuestas que hagan ciudadanos en lo individual, funcionarios públicos, instituciones, partidos y legisladores sea pública y justificada.
Una primera conclusión sobre el contenido de las leyes anticorrupción es que deben generar equilibrio y complementariedad entre las acciones de prevención y de sanción. Hay que dejar de ver el problema sólo bajo el enfoque de castigo, el cual, por supuesto, es indispensable para acabar con la impunidad, pero se requiere introducir la visión de prevención como la herramienta que puede disminuir los niveles de corrupción. El objetivo principal del Sistema Nacional Anticorrupción no es llenar las cárceles de corruptos, sino que no haya corrupción, para lo cual también es necesario dejar de pensar en el problema como un asunto de individuos y plantearlo como un asunto de redes que deben ser desmanteladas.
Bajo esa lógica, la adecuada coordinación entre las instituciones que tienen responsabilidad en el proceso anticorrupción, así como entre los órdenes de gobierno federal y local, es fundamental. Incluir en la ecuación como partícipes de la corrupción y sujetos de sanción a particulares en lo individual y a empresas bajo el concepto de responsabilidad corporativa, así como sumar en la construcción de una cultura de la legalidad e integridad a agentes educativos y medios de comunicación, resulta indispensable. Uno de los principales inhibidores de corrupción en países con bajos niveles es la sanción social bajo la cual los corruptos y sus familias son señalados y excluidos debido al daño que han generado. Sin la acción coordinada de gobierno y sociedad en contra de la corrupción, el éxito es inconcebible.
Desarrollar mecanismos de evaluación de la implementación de las leyes y de los resultados en la disminución de los actos de corrupción, la solidez de las investigaciones y la oportunidad y proporcionalidad de las sanciones es necesario. Finalmente, no hay que perder de vista que las reformas de combate a la corrupción que se discuten tienen que ser complementadas con la materialización de la autonomía de la Fiscalía General de la República y el fortalecimiento de Fiscalía Especializada contra la Corrupción, encargadas de sancionar con cárcel a los peces gordos.
Un cambio estructural y conductual como el que necesita México para empezar a combatir de verdad el cáncer de la corrupción tomará tiempo en implementarse y otro más en empezar a dar resultados, pero hemos dado el primer paso.
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