El caso de la exfuncionaria Dhyana Quintanar debe ser ejemplo para todos los servidores públicos de cualquier nivel.
La corrupción y el tráfico de influencias son, sin lugar a dudas, acciones que lastiman y ahondan en la desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno y sus representantes. Tomar medidas preventivas y correctivas es no sólo una obligación, sino también una acción de justicia y legalidad, y quienes inciden es estos actos deben ser señalados, exhibidos y castigados.
Por lo anterior, la relevancia del caso de Dhyana Quintanar Solares, excoordinadora de la Autoridad del Espacio Público (AEP), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fue exhibida por haber firmado documentos de manera ilegal para beneficiar a una empresa particular.
En el hecho concreto, Quintanar Solares firmó un addendum mediante el cual pretendía beneficiar a la empresa VerdeMX, con quien tenía un convenio para la explotación comercial y remodelación del jardín vertical instalado en Avenida Chapultepec.
Con ello, el particular podría cobrar una indemnización, pues el jardín sería removido de haberse aprobado el fallido proyecto del Corredor Cultural Chapultepec (CCC).
El documento en cuestión habría sido firmado ex profeso por la exfuncionaria y con ello se ampliaría de manera ilegal el permiso a VerdeMX, de diciembre del 2015 hasta diciembre del 2016, con lo cual se les habría tenido que indemnizar en caso de que el CCC se llevara a cabo.
La exfuncionaria actuó en contra de todos y cada uno de los lineamientos éticos, morales y legales a los cuales los servidores públicos nos tenemos que apegar, pues a ellos y a los ciudadanos nos debemos en nuestro haber político y profesional.
Suponiendo sin conceder, Quintanar Solares fue ingenuamente encaminada a firmar la ilegalidad que cometió, pues en las llamadas que exhiben el acto de corrupción, queda claro que lo hizo bajo el consejo de un exfuncionario de la dependencia que encabezaba en ese momento, no obstante, las constantes dudas y temores que plantea antes de firmar. Sin embargo, lo hizo. La ilegalidad se cometió. El delito se concretó y una sanción en su contra es inminente.
Se debe reconocer la inmediata reacción del gobierno de la ciudad cuando dio la orden de separarla de su cargo para que la Contraloría General realice la investigación y aplique el correctivo que corresponda.
Una medida que sirva de ejemplo y envíe el mensaje inequívoco de que estas conductas serán sancionadas sin detenimientos políticos.
Y es que los ciudadanos están cansados de abrir las páginas de los periódicos y leer un nuevo acto de corrupción, otro fraude más, otra ilegalidad y que muchas veces quedan impunes.
Sirva, pues, de muestra y ejemplo el caso de Dhyana Quintanar Solares para quienes formamos parte de la administración pública en sus distintas partes.
Se debe terminar la equivocada idea de algunos funcionarios públicos de que pueden cometer ilegalidades sin consecuencias, debemos comprender el gran encargo y responsabilidad que es servir a los ciudadanos, y en consecuencia, fallarles con conductas de este tipo es inaceptable.
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