La corrupción lo carcome todo y pudre la mejor ley, institución o política pública.
Varias veces he escrito en este espacio sobre el problema de la corrupción y sobre la tan llevada y traída reforma que busca combatirla. El problema es centenario, estructural, generalizado y de las más graves consecuencias porque más allá del mal uso de los recursos públicos o el deterioro en la confianza de las instituciones y en la propia democracia, representa un auténtico obstáculo para el desarrollo. Lo que es peor: la corrupción mata. La corrupción en los cuerpos de seguridad traducida en su inacción frente al crimen organizado o por su abierta asociación con éste, ha cobrado ya miles de vidas. La corrupción lo carcome todo y pudre la mejor ley, institución o política pública. No por nada este fenómeno es percibido por la mayoría de los mexicanos y desde el exterior como el principal desafío que enfrenta México.
A pesar de esta conciencia generalizada, de los escándalos sobre irregularidades de funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno y de las actuaciones cuestionables de directivos de órganos autónomos, ministros de la Corte y legisladores que pululan sin cesar, la Reforma Anticorrupción será de entre las llamadas reformas estructurales la última en desarrollarse. Hay que recordar que si bien la reforma a la Constitución que crea el Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobada el año pasado, las leyes secundarias que definirán su funcionamiento apenas están por discutirse.
La espera ha sido larga y la expectativa es enorme, por eso es que el Congreso, además de hacer bien las leyes que, efectivamente, cumplan con el propósito de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, debe ser capaz de explicar a la ciudadanía las acciones que serán necesarias implementar y los tiempos que éstas tomarán antes de empezar a ver los primeros resultados.
La Auditoría Superior de la Federación en su Informe General de la Cuenta Pública 2014 presentado hace unos días advierte que el clima de impaciencia ha desembocado en una demanda general de sanciones ejemplares a funcionarios que han cometido ilegalidades, es decir, la gente quiere ver peces gordos en la cárcel y los quiere ver ya. Esta presión, sin embargo, puede generar que las leyes por aprobarse pongan más atención en medidas efectistas que en los mecanismos de prevención. La pregunta es ¿queremos llenar de funcionarios las cárceles? O ¿queremos que no haya corrupción? La respuesta puede ser: ambas. Ante un acto de corrupción, sin duda, debe haber un castigo, pero el objetivo trascendente de esta reforma debe ser disminuir los niveles de corrupción y ayudar a transformar la cultura de los servidores públicos en una donde la integridad sea el valor primordial.
Los foros de discusión convocados por las comisiones dictaminadoras que comienzan mañana lunes en el Senado de la República, así como un foro convocado por los grupos parlamentarios del PAN esta misma semana, pueden ayudar a explicar a la población los contenidos y alcances del Sistema Nacional Anticorrupción y son una oportunidad para que más ciudadanos se involucren en este importante debate. Con estos foros se inicia la discusión formal entre los grupos parlamentarios sobre los proyectos de la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; la ley general para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y sus sanciones; la ley que regule la organización y nuevas facultades de la ASF; la ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El siguiente domingo la segunda parte de esta columna versará sobre los resultados de dichos foros. Los invito a unirse y seguir la discusión por el Canal del Congreso.
There is no ads to display, Please add some
