Las próximas glosas del Informe de Gobierno podrían perder buena parte de su valor como ejercicio de rendición de cuentas si los datos no permiten contrastar costos, metas y resultados. Que haya avances es una buena noticia. Sin embargo, no hay total claridad si, en efecto, las medidas adoptadas son la causa, cuánto cuestan y si pueden sostenerse. Esa brecha entre resultados y capacidad de evaluación aparece en ámbitos tan distintos como seguridad, educación, finanzas públicas, el manejo de Pemex y la rendición de cuentas.
Sin esa visión integral, una política hacendaria puede recaudar impuestos sin mejorar servicios. O una política en seguridad pública puede reducir homicidios, pero no pacificar. Una iniciativa por la educación puede buscar regular una conducta (por ejemplo, limitar los celulares en las escuelas) y terminar ampliando las desigualdades que buscaba reducir. El hecho es que el crecimiento en la recaudación no surge por decreto: requiere más inversión, que exige reglas que generen confianza. Los derechos necesitan recursos públicos suficientes y un gasto capaz de traducirlos en servicios. La seguridad pide indicadores que permitan distinguir entre una reducción de homicidios y una verdadera pacificación.
Una visión integral de políticas públicas reconoce qué evidencia permite saber si una decisión está funcionando y cómo puede mejorar debería ser una de las premisas centrales de cualquier política pública. Sin ello, se trabaja a ciegas.
