En México, la discusión sobre la seguridad pública ha estado dominada por un enfoque centralizado y, en años recientes, militarizado. Sin embargo, un análisis de las políticas municipales de seguridad pública implementadas en las 31 capitales estatales entre 2021 y 2024, presentado por México Evalúa en su informe «La otra vía», revela la complejidad y la no homogeneidad de los resultados en la reducción de la violencia delictiva a nivel local. Este estudio subraya el potencial estratégico de los gobiernos locales en la construcción de entornos seguros, proponiendo un contrapunto a la estrategia federal.
Contexto y Enfoque del Análisis
El estudio parte de la premisa de que la violencia delictiva, aunque ligada a fenómenos globales, se manifiesta de manera diferenciada en el ámbito local, exigiendo enfoques sensibles a las especificidades territoriales. A pesar de esto, la política de seguridad en México ha experimentado una redefinición hacia la recentralización y militarización de las funciones policiales a través de la Guardia Nacional. Este modelo ha generado tres consecuencias negativas principales a nivel municipal: la desinstitucionalización local, evidenciada por recortes presupuestarios como la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg); la homogeneización del diagnóstico de seguridad, que oculta las distintas violencias regionales y favorece narrativas propagandísticas ; y la reproducción de la violencia local al ignorar las dinámicas específicas de cada municipio y no abordar las causas estructurales.
Frente a este panorama, el informe «La otra vía» se centra en las políticas públicas formuladas e implementadas por los gobiernos municipales, partiendo del supuesto de que su proximidad con la ciudadanía y conocimiento directo de los problemas locales los convierte en actores privilegiados para diagnósticos precisos y respuestas integrales. Para ello, el análisis adopta un enfoque comparativo y territorialmente diverso, seleccionando los 31 municipios capitales estatales, que funcionan como centros neurálgicos de actividad y permiten observar el diseño y ejecución de políticas en contextos urbanos complejos.
El estudio también aborda una laguna en la evaluación de políticas de seguridad pública en México, donde la mayoría de los análisis se han enfocado en la distribución de la violencia (principalmente homicidio doloso) y escasean las evaluaciones sobre la efectividad de las políticas implementadas por los gobiernos municipales. El reporte busca aportar evidencia empírica evaluando el contenido y los resultados de estas políticas, sin pretender establecer causalidad directa, sino identificar patrones y correlaciones. Además, se utiliza un abordaje multidimensional de la violencia, incluyendo no solo el homicidio doloso, sino también delitos estratégicos para el crimen organizado como la extorsión, el secuestro y el narcomenudeo, lo que permite una lectura más integral de los riesgos y la capacidad de respuesta de las políticas públicas.
Tipos de Políticas y Hallazgos Clave
El marco conceptual del informe revisa modelos sociopolíticos de seguridad, con énfasis en enfoques de prevención del delito, resaltando la atribución constitucional de los municipios en esta área. Se distinguen distintos enfoques de prevención, que no son excluyentes sino complementarios, incluyendo la prevención situacional (reducción de oportunidades para delinquir), comunitaria (rol activo de la comunidad) y social (modificación de factores estructurales de riesgo). La eficacia de una política de seguridad, según el estudio, radica en su capacidad para articular respuestas a diferentes niveles (penales, sociales, comunitarios y ambientales) según el diagnóstico territorial y la voluntad política.
En la sistematización de políticas municipales (2021-2024), se identificaron tendencias y patrones de institucionalización de estrategias locales. El análisis de la violencia delictiva de alto impacto consideró tasas promedio y variaciones porcentuales de diversos delitos, utilizando datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Los resultados de la investigación sugieren que la reducción de la violencia delictiva a nivel municipal no obedece a «fórmulas homogéneas». En cambio, es el resultado de «interacciones complejas entre estrategias preventivas contextualizadas, decisiones políticas, capacidades institucionales y condiciones sociales». Los municipios que lograron reducciones en la incidencia delictiva de alto impacto entre 2021 y 2024 no mostraron un patrón homogéneo de políticas públicas implementadas. No obstante, se identificaron regularidades en sus contextos institucionales, políticos y socioeconómicos. Por ejemplo, en el ámbito político, la coincidencia partidista entre alcaldes y gobernadores, y un elevado margen de victoria electoral, podrían favorecer la coordinación vertical y el margen de maniobra política para impulsar agendas ambiciosas. Algunos municipios mostraron elevado uso de políticas de proximidad y situacionales, mientras que otros se inclinaron por políticas penales con énfasis en videovigilancia. También se observó la implementación de políticas penales enfocadas en el fortalecimiento de instituciones de seguridad y justicia, como la incorporación de nuevos elementos policiales, compra de equipamiento, capacitación y rehabilitación de patrullas.
Conclusiones y Recomendaciones
El informe concluye que los gobiernos locales tienen un potencial significativo en la construcción de entornos libres de violencia delictiva. Las recomendaciones de política pública, propuestas a nivel multiescalar, buscan fortalecer las capacidades institucionales locales y promover estrategias endógenas.
A nivel federal, se recomienda restituir esquemas de financiamiento directo con enfoque preventivo, revertir la centralización de la seguridad pública limitando el despliegue militar a zonas de alta conflictividad y respetando la autonomía municipal, y crear un Sistema Nacional de Evaluación de la Seguridad Municipal con indicadores comparables y mecanismos de evaluación participativa.
Para el nivel estatal, se sugiere fortalecer la gobernanza intermunicipal de la seguridad mediante mesas de coordinación y convenios de colaboración, y homologar y elevar los estándares de profesionalización policial, incluyendo la formación en prevención del delito, proximidad, derechos humanos y perspectiva de género.
En síntesis, «La otra vía» desafía la visión centralizada de la seguridad en México, abogando por un rol protagónico de los municipios. Reconoce que la diversidad territorial exige soluciones adaptadas y que la colaboración entre distintos niveles de gobierno es crucial para construir estrategias de seguridad pública más efectivas y sostenibles.
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