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Morena: ¿Reforma o Robo de Poder?

La historia política ofrece un patrón recurrente: los movimientos que llegan al poder con la promesa de una transformación radical raramente se limitan a «corregir» el sistema preexistente. En cambio, tienden a buscar su sustitución totalitaria y la concentración de poder en el Ejecutivo. Esta tesis, aplicable a diversos contextos históricos, ha servido de marco de análisis para examinar la gestión del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en México desde su llegada a la Presidencia en 2018 bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

El ascenso de Morena, impulsado por una legitimidad electoral histórica y un discurso de ruptura con el «régimen neoliberal» y la «mafia del poder», buscó desde sus inicios reformular las bases del Estado. Lejos de ser un mero cambio de administración o de partido, la 4T se ha presentado como un proyecto fundacional que, según sus críticos, ha provocado cambios estructurales que apuntan a una peligrosa centralización.

Con la victoria arrolladora de Claudia Sheinbaum en 2024 —quien asumió la presidencia en octubre de ese año—, el partido hegemónico controla la Presidencia, el Congreso bicameral y 23 de 32 gubernaturas. ¿Cuáles son los cambios pivotales? Un análisis revela una estrategia sistemática de centralización.

La Sustitución Administrativa y Federal

 
Uno de los primeros y más evidentes cambios fue la reconfiguración del aparato burocrático federal. La creación de las Delegaciones para los Programas de Desarrollo y la figura de los «superdelegados» (hoy delegados de programas para el desarrollo) en cada estado de la República, redefinió el balance de poder intergubernamental.
 
Justificada bajo criterios de eficiencia y la necesidad de llevar los programas sociales directamente a la población sin intermediarios (particularmente los gobiernos estatales y municipales), esta medida ha sido interpretada como un mecanismo de recentralización política y presupuestal. Los superdelegados, a menudo figuras con un perfil más político que técnico y estrechos vínculos con Morena, se establecieron como la principal presencia del Ejecutivo federal en las entidades, menoscabando la influencia de los gobiernos subnacionales y centralizando la operación de la vasta red de programas sociales. Este cambio transformó la dinámica de distribución de recursos, asegurando una influencia directa del centro en la política local.
 
Educativamente, la «Nueva Escuela Mexicana» (2019) centraliza currículos, incorporando ideología de la 4T —como énfasis en AMLO como «líder transformador»—, mientras reduce autonomía sindical y presupuestos a universidades críticas. Programas sociales como pensiones universales (ampliadas en 2024 a 65 años) ganan lealtad popular, pero financiados por recortes a instituciones autónomas, como el INAI (transparencia).

El Debilitamiento de Contrapesos Institucionales

El golpe más audaz es la reforma judicial, aprobada en septiembre de 2024 y en plena implementación en 2025. Tradicionalmente, el Poder Judicial Federal operaba con autonomía, un contrapeso constitucional. Morena lo desmanteló al imponer la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte en 2025 y 2027. Argumentan democratización; críticos, como la oposición y observadores internacionales, denuncian politización. Con listas cerradas de candidatos —dominadas por afines al partido— y campañas financiadas por el Estado, se diluye la independencia. En su primer año, Sheinbaum ya respalda esta «renovación», con Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, defendiendo públicamente a los «jueces del pueblo». El resultado: un judiciary permeable al Ejecutivo, allanando fallos favorables a la 4T, como en disputas energéticas.

La acción más discutida en términos de concentración de poder ha sido la estrategia gubernamental contra los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA). Estas instituciones (como el INE, INAI, COFECE, IFT, CRE y CONEVAL), creadas tras las reformas democráticas de las últimas décadas para limitar y vigilar al Poder Ejecutivo, han sido catalogadas por el oficialismo como estructuras costosas, burocráticas y herederas de la ideología neoliberal.

La agenda legislativa, continuada por la administración siguiente, ha incluido diversas iniciativas y acciones dirigidas a la extinción o fusión de varios de estos organismos, como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Si bien el argumento oficial es simplificar estructuras, generar ahorros y evitar duplicidad, los analistas y la oposición advierten que la desaparición o el traslado de sus funciones a secretarías del Ejecutivo federal implica la eliminación de contrapesos técnicos e independientes, poniendo en riesgo derechos fundamentales (como la transparencia y la competencia económica) y permitiendo que el poder de decisión se concentre en el gobierno central.

Paralelamente, la reforma electoral de 2023 erosionó al Instituto Nacional Electoral (INE), pilar de la democracia post-1990s. Morena recortó su presupuesto en 2,000 millones de pesos y redujo el número de consejeros, reemplazándolos por un Tribunal Electoral afín. La meta: neutralizar opositores en contiendas futuras. En 2024, esta maniobra facilitó el «supermandato» de Sheinbaum, con Morena capturando el 53% de votos presidenciales y mayorías absolutas en ambas cámaras. Hoy, en octubre de 2025, el Congreso —bajo control morenista— debate extensiones, como la eliminación de reelección opositora, consolidando un «partido de Estado».

A esto se suma la creciente y sin precedentes participación de las Fuerzas Armadas en tareas tradicionalmente civiles, incluyendo seguridad pública, grandes proyectos de infraestructura, aduanas y distribución de bienes. Esta estrategia, aunque justificada por razones de eficiencia, rapidez y combate a la corrupción, traslada enormes parcelas de poder civil y presupuestal a la esfera militar, una tendencia que, históricamente, se asocia a la erosión del control democrático civil sobre el Estado.

La Guardia Nacional, creada en 2019, pasó de civil a mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 2022, con 130,000 elementos. Bajo Sheinbaum, se expande a funciones civiles como aduanas y puertos, generando acusaciones de nepotismo —familiares de funcionarios en cargos clave—. Económicamente, las reformas energéticas de 2021 y 2024 fortalecen a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), revirtiendo privatizaciones neoliberales. Sin embargo, priorizan monopolios estatales sobre inversión privada, elevando deudas públicas a 60% del PIB en 2025 y desincentivando energías renovables.

Conclusión

El gobierno de Morena ha impulsado una profunda transformación en México, justificada en la erradicación de la corrupción, la austeridad republicana y la prioridad de la política social. Los cambios han sido drásticos y abarcan desde la administración territorial hasta el esquema de contrapesos. Para sus partidarios, es una corrección histórica y necesaria para recuperar la soberanía popular. Para sus críticos, estos movimientos —particularmente la embestida contra los organismos autónomos y la centralización de las decisiones— confirman la premisa histórica de que el cambio de régimen, en lugar de ser una mejora democrática, puede ser un ejercicio de sustitución que busca desmantelar las instituciones de control horizontal y concentrar el poder en la figura presidencial, marcando una redefinición del sistema político mexicano.

Estos cambios no corrigen; sustituyen. Morena ha pasado de outsider a hegemonía, con 70% de aprobación para Sheinbaum en encuestas de septiembre 2025, pero a costa de checks and balances. La historia advierte: el poder concentrado rara vez se diluye voluntariamente. México enfrenta un cruce: ¿continuidad transformadora o deriva autoritaria? El reloj avanza.


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