La recurrencia de versiones periodísticas que apuntan a la existencia de «listas negras» de políticos mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado, solicitados por las autoridades estadounidenses, ha mantenido el tema en el centro del debate político. Aunque no existe una confirmación oficial por parte de la Embajada de Estados Unidos ni de la Cancillería mexicana, estas afirmaciones, como la del periodista Luis Chaparro, se insertan en un contexto de creciente presión bilateral y de antecedentes que sugieren la seriedad del asunto.
El periodista Luis Chaparro, en su programa Pie de Nota, reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos posee una lista de 13 políticos mexicanos con presuntos vínculos con el narcotráfico, incluyendo tres exgobernadores, cinco senadores, cuatro deputados y un juez o magistrado. Según Chaparro, Washington ha solicitado al gobierno mexicano la entrega voluntaria de estas figuras, advirtiendo que la negativa, especialmente en el caso de un exgobernador, podría escalar tensiones diplomáticas. Esta información se suma a reportes de medios como ProPublica, que señalan que la administración Trump ha intensificado la presión sobre México, imponiendo restricciones de viaje y sanciones a políticos presuntamente ligados al crimen organizado, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, cuyo visado fue revocado.
La insistencia en la existencia de estas listas se basa en una dinámica de cooperación en seguridad entre ambos países, donde la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es un punto central. Casos como la revocación de visas a funcionarios públicos, incluyendo a una exgobernadora y un presidente municipal, sirven como precedentes que, aunque no implican una solicitud de extradición, sí demuestran que Washington utiliza herramientas diplomáticas y de sanción para ejercer presión sobre figuras que considera vinculadas a actividades ilícitas. Estas acciones son interpretadas como señales de advertencia y un paso previo a medidas más severas.
El antecedente más relevante es el caso de Ismael «El Mayo» Zambada. La mención del periodista sobre este caso particular apunta a un escenario donde, si la presión aumenta y las pruebas se solidifican, las detenciones y extradiciones de políticos podrían convertirse en una realidad. A pesar de que la detención de un líder del narcotráfico y la de un político son procesos distintos, el paralelismo se establece en la trascendencia del golpe que implicaría para las estructuras de poder criminales y sus redes de protección.
Es importante diferenciar entre las investigaciones periodísticas y la postura oficial. Mientras que la prensa, tanto mexicana como estadounidense, ha reportado sobre estas «listas», la Embajada de Estados Unidos en México ha desmentido explícitamente la publicación de una lista oficial. Esto no niega que existan investigaciones en curso y carpetas de inteligencia, pero sí subraya la naturaleza no pública de estos procesos. El análisis político debe, por tanto, operar en el espacio entre lo que se dice y lo que se confirma, entre la especulación y los hechos.
La insistencia de Estados Unidos en este tema, acompañada de acciones como la imposición de aranceles del 25% a importaciones mexicanas por el supuesto fracaso en combatir el tráfico de fentanilo, sugiere una estrategia de coerción para forzar la cooperación de México. La entrega de 29 narcotraficantes, incluyendo figuras como Rafael Caro Quintero y Antonio Oseguera Cervantes, demuestra que México ha cedido en algunos casos, pero la mención de políticos prominentes eleva la apuesta. La pregunta es si estas presiones culminarán en detenciones de alto perfil, similares a la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, un caso que expuso la vulnerabilidad del sistema político mexicano ante la influencia del narco.
Por un lado, la existencia de estas listas podría ser un paso hacia el combate de la narcopolítica, un problema histórico en México, donde la corrupción ha permitido la operación de cárteles en estados como Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas. Sin embargo, la falta de transparencia sobre los nombres y las pruebas genera escepticismo. La revocación de visas, como en el caso de Ávila o el presidente municipal de Matamoros, no equivale a una acusación formal, y el umbral probatorio para estas sanciones es menor que en un proceso penal, lo que podría usarse como herramienta política más que judicial.
Por otro lado, la presión estadounidense plantea riesgos para la soberanía mexicana. La administración de Claudia Sheinbaum ha negado que Washington haya solicitado listas específicas, pero la narrativa de «narcopolíticos» podría debilitar la credibilidad del partido Morena y exacerbar tensiones bilaterales. Si México cede a las extradiciones sin pruebas públicas, podría percibirse como una injerencia extranjera; si se resiste, enfrenta represalias económicas. Las detenciones, si ocurren, dependerán de la voluntad política de ambos países y de la solidez de las evidencias. Por ahora, la incertidumbre reina, pero el caso Zambada sugiere que las sorpresas son posibles.
En este panorama, la pregunta sobre si estamos cerca de las primeras detenciones de políticos mexicanos es de naturaleza compleja. No se puede afirmar con certeza, pero el cúmulo de indicios, la presión política de Washington y los antecedentes de revocación de visas y solicitudes de extradición por parte de EE. UU. en el pasado, sugieren que es un escenario plausible. La extradición, un proceso legal y político, podría ser una de las herramientas de presión más fuertes de Washington en un futuro cercano, especialmente si la lucha contra el fentanilo se intensifica y se busca desmantelar las redes de corrupción que permiten su tráfico. La narrativa en torno a estos políticos es una pieza clave en el rompecabezas de la geopolítica regional, donde la soberanía nacional se cruza con los intereses de seguridad de Estados Unidos.
There is no ads to display, Please add some
