El inicio de una nueva administración en México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha sido marcado por un desafío político y ético de gran magnitud: el reconocimiento público e investigación de un esquema de corrupción conocido como “huachicol fiscal”. A diferencia de la narrativa predominante en el sexenio anterior, que insistía en la erradicación de la corrupción, este caso de contrabando de combustible no solo valida las críticas de la oposición, sino que también pone a prueba la cohesión de Morena y el compromiso del nuevo gobierno con la transparencia.
La decisión de la presidenta ha marcado un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en México, especialmente con el caso del huachicol fiscal. A diferencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que minimizaba las acusaciones de corrupción dentro de Morena, la actual administración ha reconocido públicamente la existencia de estas prácticas ilícitas, impulsando investigaciones que han derivado en detenciones de alto perfil, incluyendo elementos de la Marina y empresarios. Este cambio de postura, aunque necesario para fortalecer la transparencia, podría acarrear un costo político significativo para Morena y el gobierno de Sheinbaum.
El “huachicol fiscal” es un delito sofisticado que opera a través de la evasión de impuestos. La red criminal importa hidrocarburos, principalmente desde Estados Unidos, pero los declara en aduanas como productos exentos de gravámenes, como aceites o lubricantes. De esta forma, evaden el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), causando un daño multimillonario al erario público. La investigación, que ha destapado la implicación de militares de alto rango y empresarios, es particularmente sensible, pues desafía la presunción de integridad de las Fuerzas Armadas, a quienes se les habían encomendado tareas clave en la lucha contra la corrupción y la seguridad.
En 2024, se estima que se introdujeron 18 mil millones de litros de combustible ilícito, causando un quebranto de aproximadamente 177 mil millones de pesos anuales. La investigación, iniciada en marzo de 2025 tras el decomiso de un buque en Tampico, ha revelado una red de corrupción que involucra a exfuncionarios cercanos a López Obrador, incluyendo a figuras de su administración como el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, cuyos sobrinos políticos están implicados. Sheinbaum ha defendido la integridad de las Fuerzas Armadas, pero ha insistido en que la Fiscalía General de la República (FGR) debe llegar al fondo del asunto, sin importar quién esté involucrado.
Para Claudia Sheinbaum, la decisión de investigar a fondo este caso es una espada de doble filo. Por un lado, le permite diferenciarse de su predecesor, demostrando un compromiso de «cero impunidad» que podría revitalizar la confianza en las instituciones. Su llamado público a que la Fiscalía General de la República (FGR) llegue hasta las últimas consecuencias busca proyectar una imagen de independencia y rectitud. Sin embargo, al hacerlo, se enfrenta a un dilema político delicado.
Este reconocimiento público de la corrupción contrasta con la narrativa de la «Cuarta Transformación» de Morena, que se presentaba como inmune a las prácticas corruptas de gobiernos anteriores. Durante el sexenio de López Obrador, las acusaciones de corrupción solían ser desestimadas como ataques de la oposición, pero las evidencias actuales, como las detenciones y las investigaciones en curso, dificultan mantener esa postura. La decisión de Sheinbaum de abordar el problema frontalmente puede interpretarse como un esfuerzo por diferenciarse de su antecesor, pero también expone fisuras dentro de Morena, especialmente cuando figuras clave como Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, han sido señaladas por posibles nexos con el crimen organizado.
Al reconocer la existencia de corrupción en la esfera más cercana al poder, el nuevo gobierno da un golpe a la narrativa de “no corrupción” del sexenio pasado, un pilar fundamental del movimiento político que lo llevó al poder. Esta contradicción puede generar fricciones internas y ser explotada por la oposición, que ya ha señalado al caso como la «prueba más seria» para el liderazgo de Sheinbaum.
El riesgo para Morena y el nuevo gobierno es que la investigación, por muy necesaria que sea, se perciba como una traición al legado de la “Cuarta Transformación”. Si la indagatoria revela vínculos con figuras políticas prominentes del sexenio pasado, podría fracturar la base de apoyo y minar la legitimidad de la nueva administración. La oposición, en cambio, tiene la oportunidad de capitalizar este escándalo para debilitar al partido en el poder, desafiando la imagen de moralidad que ha sido su estandarte. El manejo de esta crisis determinará si Sheinbaum logra consolidar su propia autoridad política, o si el caso se convierte en un lastre que debilita al proyecto político de Morena desde sus cimientos. La investigación del “huachicol fiscal” es, en esencia, una prueba de fuego que definirá el camino de la política mexicana en los próximos años.
El costo político es innegable. La imagen de Morena como un partido «diferente» se tambalea, y la oposición, liderada por el PAN, ha aprovechado para calificar el huachicol fiscal como el mayor escándalo de corrupción en la historia de México. Además, la presión internacional, particularmente de Estados Unidos, que ha exigido acciones contra la corrupción y los cárteles, podría complicar las relaciones bilaterales si no se perciben avances significativos. A pesar de los logros de Sheinbaum, como la reducción de homicidios en un 11% y la captura de más de 20,000 personas por delitos de alto impacto, el tema de la corrupción podría erosionar su aprobación, que actualmente ronda el 78%.
En conclusión, la valentía de Sheinbaum al enfrentar la corrupción es un paso necesario, pero arriesgado. La transparencia fortalece las instituciones, pero el impacto en la percepción pública y la cohesión interna de Morena será un desafío clave para su gobierno.
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