La gestión de Raúl Plascencia ha sido por demás polémica y salvo muy contadas excepciones ha sido reprobada por las mas diversas organizaciones tanto nacionales como del extranjero.
Después de muchos jaloneos, finalmente el pasado 16 de octubre el Senado emitió la convocatoria para elegir a quien habrá de encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los próximos cinco años, lo que reviste particular importancia dados los tiempos aciagos que vive el país.
En la discusión que se dio entre los integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia para consensar el proyecto de convocatoria, se confrontaron dos visiones respecto al tratamiento que se le debía dar al actual presidente de la CNDH en caso de que decidiera –como ocurrió- buscar la reelección.
Unos cuantos senadores proponían otorgarle un trato preferencial, en tanto que la postura que acertadamente prevaleció fue que se sometiera al proceso electivo bajo las mismas condiciones que los demás aspirantes.
La gestión de Raúl Plascencia ha sido por demás polémica y salvo muy contadas excepciones -como la de Isabel Miranda de Wallace quien en un desafortunado intento de defensa se dedicó a descalificar a quienes lo han cuestionado-, ha sido reprobada por las más diversas organizaciones tanto nacionales como del extranjero, particularmente por los casos de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla y Tlatlaya, Estado de México.
Este último es el que le ha generado a Plascencia las críticas maá severas, pues la CNDH se tardó cerca de tres meses en actuar y cuando lo hizo, fue de manera muy errática siendo que ante la presión internacional el propio gobierno federal tuvo que reconocer que elementos del Ejército ejecutaron a 22 personas.
Los señalamientos sobre el desempeño del todavía presidente de la Comisión son muy graves pues van desde las notorias omisiones en que ha incurrido, su complacencia -que para algunos raya en complicidad o subordinación- con autoridades presuntamente involucradas en violaciones a derechos humanos, su conducta frívola, y más recientemente por actos de corrupción ante las revelaciones de que es propietario de una casa de alrededor de 20 millones de pesos que es un monto muy superior a la totalidad de los ingresos percibidos en estos años.
Por mas que se busque, simplemente no hay argumentos serios que permitan siquiera pensar en la posibilidad de que sea reelecto, sobre todo cuando claramente estamos ante una decisión que demanda una visión de Estado por lo que no pueden caber consideraciones personales, recompensas por los “servicios prestados” o intereses partidistas.
Esta es sin duda una de las mayores responsabilidades que tiene el Senado, y sus integrantes deben demostrar que están a la altura de las circunstancias y retos que enfrenta el país. Es indispensable que la apuesta sea por un perfil sólido, con una profunda y acreditada convicción en la protección y defensa de los derechos humanos, y sobre todo que tenga los arrestos suficientes para recuperar la mermada autonomía de la CNDH.
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