Hemos visto correr declaraciones cruzadas, acusaciones y señalamientos sobre las responsabilidades de lo sucedido en Santa Fe.
La avidez inmobiliaria en conjunto con la tolerancia de las autoridades locales ha puesto una vez más en riesgo a decenas de familias en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.
En las últimas semanas hemos sido testigos de tres deslizamientos de tierra que han caído del talud que sostiene las cinco torres del fraccionamiento Vista del Campo, de donde han sido desalojadas 116 personas por el riesgo de un posible colapso.
A lo largo de los días hemos visto correr declaraciones cruzadas, acusaciones y señalamientos sobre las responsabilidades para determinar de quién es la culpa y quién sale librado.
La preocupación de las autoridades –que bien debiera ser el bienestar de los afectados— se ha enfocado en deslindar responsabilidades hacia fuera. Se ha señalado al dueño del inmueble, a las pasadas administraciones y las empresas que no dan notificación de los proyectos que se edifican.
Cuando se presentó la versión de que el propietario del terreno era el Gobierno del DF, de inmediato la Consejería Jurídica se encargó de rechazar esta versión, pues aunque hubo un intento de expropiación en 1984, en 2013 se revocó la decisión regresando al dueño original, Carlos Rossette.
Él asegura que en 2002, una vez que el predio ya había sido dividido, fue vendido a una empresa inmobiliaria para edificar las torres de departamentos y que él mismo alertó al gobierno local que se ponía en riesgo la estabilidad del talud.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) atajó pronto que los permisos para construir las cinco torres de departamentos fueron otorgados en 2003 por la delegación Cuajimalpa.
Hoy la delegación Cuajimalpa responsabiliza a las administraciones anteriores de regularizar las obras, pese a no tener los estudios de mecánica del suelo.
Y es así que podríamos seguir el largo rastro que todos van dejando en el intento por deslindarse de cualquier responsabilidad y señalar con el dedo a otra dirección, mientras que los ciudadanos afectados hoy no saben con certeza qué sucederá con su patrimonio.
Las afectaciones que viven los vecinos de Santa Fe no son el resultado de un fenómeno natural, de la destrucción por el paso de un huracán o el riesgo de protección civil por un sismo.
No, lo que vemos son las consecuencias de las acciones y omisiones de funcionarios que permitieron la edificación e instalación de torres de telecomunicaciones en un predio en el cual no se hizo el estudio de mecánica de suelo adecuado.
Los colonos de Santa Fe están hoy en la incertidumbre, no sólo de no saber en dónde están parados, sino de la responsabilidad por las constantes violaciones a la normatividad urbana para construir grandes edificaciones en suelo que no cumple con las condiciones para sostenerlos.
Es obligación de las autoridades en turno, delegacionales, locales y federal, dar una solución que no se quede en la salida momentánea y mediática, sino en aquella que asegure y garantice la seguridad de los habitantes y la indemnización por una eventual pérdida de su patrimonio.
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