¡Que sí es transparente!

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Este jueves el Senado concluyó un ciclo reformador más en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales que comenzó a finales de 2013 con la reforma al artículo sexto de la Constitución y que continuó con la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información de mediados de 2014. En tres años, el Congreso ha transformado el marco legal y las instituciones correspondientes a efecto de que el “derecho a saber” cómo y por qué se toman las decisiones que nos afectan a todos, y cómo se usa el dinero público, esté debidamente garantizado.

En este camino legislativo, hicimos sujetos obligados directos de la transparencia a entes que antes no lo eran como los partidos políticos, los sindicatos y los fondos y fideicomisos públicos; fortalecimos a las instituciones responsables de garantizar que cualquier información pública efectivamente llegue a manos de quien la requiera y facilitamos los procedimientos de acceso a dicha información, además de que empoderamos a los ciudadanos con mecanismos de denuncia por incumplimiento de la ley y establecimos sanciones para quienes se nieguen a entregar información.

El último tramo que, como dije, podría haber concluido el jueves, se trataba de establecer los procedimientos de aplicación de todas estas normas en los llamados “sujetos obligados” en el ámbito federal, es decir, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales; en los órganos autónomos federales; en los partidos políticos y sindicatos nacionales así como para las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos federales.

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Además de definir cuestiones de organización y atribuciones del INAI, y de desarrollar los procedimientos para que la información sea entregada o no, a quien la solicita, la principal distinción entre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información con la Ley General es que dispone, por primera vez, en una ley mexicana la implementación de los principios del llamado gobierno abierto, e impone a los sujetos obligados a poner a disposición del público en sus sitios electrónicos una selección de información que se ha considerado más útil a través de las denominadas “obligaciones de transparencia”.

Así, la gente podrá conocer con un clic, a quiénes se les perdona el pago de impuestos, y por qué; cuáles son las zonas del país contaminadas; el avance del cumplimiento de los procesos de evaluación educativa; o cómo gasta el dinero el Congreso y los grupos parlamentarios. Hay que hacer hincapié en que aun cuando cierta información no se ubique dentro de estas obligaciones, sí es transparente y deberá ser entregada a quien la solicite.

Si bien sostengo que esta Ley es una buena ley, siempre hay un margen de mejora que la Cámara de Diputados como contraparte revisora en este proceso podrá aprovechar. De las peticiones del INAI y de la sociedad civil, sólo apuntaré tres que de entre las más relevantes, creo que podrían alcanzar cierto nivel de consenso. En primer lugar, el desarrollo del recurso de revisión de resoluciones del INAI que la Consejería Jurídica de la Presidencia puede interponer ante la Corte por razones de seguridad nacional para, al menos, imponer plazos de resolución; conceptualizar mejor el capítulo de Gobierno Abierto para que sea de Estado Abierto e incluir a algunos actores no gubernamentales; y ampliar el catálogo de obligaciones de transparencia del Poder Legislativo y Judicial, así como de partidos políticos y sindicatos. Esta ley es un paso más en el camino de la rendición de cuentas y de una democracia de calidad, que una vez aprobada, deberá sortear las resistencias de su implementación, pero ésa será otra historia.


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