A lo largo del proceso para aprobar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, hemos sido testigos de como integrantes de la 4T han caído en contradicciones. Desde aquellos que en otros años pedían a la Suprema Corte que se pronunciara sobre una reforma a la Constitución, defendiendo su atribución en este ámbito, hasta los que se quejaban anteriormente de procesos legislativos viciados y con prisa para modificar la Carta Magna.
Ahora, lo que antes criticaban es lo que hacen, pues a pesar de haber declarado que la Suprema Corte era la encargada de velar por el respeto a la Constitución y evitar prácticas que violaran sus principios, en esta ocasión quieren llegar al extremo de quitar el principio de no retroactividad para alcanzar sus objetivos.
¿Qué ganan mostrando sus contradicciones en esta reforma? Es claro que no se busca mejorar al Poder Judicial, ni la impartición de justicia en México –porque su reforma no toca a ministerios públicos, fiscalías o policías–, sino que es una venganza del líder de la 4T por la manera en que a través de juicios de amparos se detuvo varias de sus obras insignia –como el tren Maya que causó una devastación ecológica en el sureste o el paso de la Guardia Nacional a la Sedena que favorece la militarización–, por lo que también se busca acabar con el juicio de amparo o que no pueda impedir el abuso desde el gobierno.
Y si así se comportan contra uno de los poderes de la Unión, qué harán en contra de los ciudadanos que piensen de manera distinta o no compartan sus formas de hacer las cosas.
En tanto sus propagandistas, orgullosos de mostrar su corrupción, presumen que el Poder Judicial es corrupto porque sobornaron a un juez. Con esta forma de pensar podemos decir que como un propagandista sobornó a alguien, todos ellos también lo hacen, algo que sería falso e injusto, pero es para lo único que les alcanza.
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