La democracia mexicana llega lastimada al proceso electoral. Los señalamientos por contratos irregulares y tráfico de influencias con proveedores en el Instituto Nacional Electoral comenzaron hace meses y, el pasado 26 de octubre, Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE. Con su salida no se resuelve la crisis ni se devuelve, por sí misma, la confianza ciudadana.
Los últimos videos difundidos profundizan la indignación: hablan de cientos de millones de pesos en “moches” que se repartían sin rubor alguno.
Por eso, la dirigencia nacional del PAN, encabezada por el presidente Jorge Romero Herrera, ha exigido que Morena saque las manos de la autoridad electoral y que el Instituto vuelva a ser de los mexicanos.
Taddei es el rostro de Morena en el poder.
La advertencia es clara: si Morena pretende imponer otra presidencia del INE morenista, habrá resistencia civil. Defenderemos el derecho de los mexicanos a contar con un árbitro independiente y nos manifestaremos en la herradura de la democracia y en las calles.
Hoy estoy en Sonora, lugar donde nació la mafia que secuestró al INE. Aquí nació el clan Taddei. Durante mis reuniones de trabajo en el estado, me informaron que el Instituto Estatal Electoral de Sonora está cooptado, en su mayoría, por incondicionales de dicho clan. Desde Hermosillo, nuestra exigencia es para todo México: ninguna autoridad electoral debe responder a un clan ni proteger a un partido. Es mejor que Sonora sea conocida por sonorenses trabajadores como Antonio Astiazarán y no por sonorenses como la señora Taddei.
La renuncia de Taddei no cierra el caso. La Auditoría Superior de la Federación, el contralor del INE y la Fiscalía deben esclarecer contratos, posibles conflictos de interés y la ruta del dinero. La ciudadanía merece respuestas, rendición de cuentas y recuperación de los recursos públicos desviados.
El Congreso de la Unión debe asumir su responsabilidad con acciones puntuales, entre las que se encuentra elegir desde la Cámara de Diputados una nueva presidencia mediante un proceso ejemplar.
Para ello, el coordinador parlamentario del PAN, José Elías Lixa, presentó ocho propuestas: ampliar de cuatro a ocho años la separación de cargos de dirección partidista para integrar el Comité Técnico de Evaluación y excluir perfiles vinculados con gobiernos y autoridades electorales; consultar a instituciones de prestigio para su integración; exigir consultas ciudadanas y mecanismos de objeción a las designaciones de la CNDH; incorporar observadores parlamentarios, ciudadanos y académicos; prevenir filtraciones de exámenes; máxima publicidad en los resultados; justificación reforzada en la integración de las quintetas; y eliminar los superpoderes para restablecer las decisiones colegiadas.
Son propuestas para impedir que la sustitución en la presidencia del Instituto Electoral se convierta en otro reparto de posiciones. La mayoría debe construir acuerdos amplios, no imponer lealtades. Cada etapa debe ser transparente, objetiva y sin filias partidistas.
En 2027 se renovarán las 500 diputaciones federales. Es urgente contar con un árbitro confiable. La confianza no se recompone cambiando un nombre: exige independencia y elecciones sin favoritismos. No vamos a claudicar. México merece un INE libre de Morena.
