El próximo 1 de junio se llevará a cabo la primera elección para elegir jueces y magistrados en nuestro país, algo que se quiere vender como un ejercicio popular que colocará a México como el país más democrático del mundo y el único con esta modalidad de elección.
Y no es por falta de ganas que otras naciones no realizan comicios de este tipo, sino porque en el único otro país que hizo algo similar, Bolivia, las cosas no salieron tan bien como esperaban sus promotores.
Con un sistema implementado desde 2011 bajo la Constitución de 2009, este proceso buscaba democratizar la justicia, aumentar la transparencia y garantizar la independencia judicial. Sin embargo, la experiencia ha sido ampliamente criticada. La preselección de candidatos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por el Movimiento al Socialismo (MAS), ha generado acusaciones de politización, ya que los candidatos suelen estar alineados con el partido gobernante. Esto ha erosionado la independencia judicial, fomentando desconfianza pública: alrededor del 76% de los bolivianos desconfían del Poder Judicial. En elecciones como las de 2011 y 2017, entre el 60% y 67% de los votos fueron nulos o en blanco, reflejando apatía y rechazo ciudadano. La falta de meritocracia y la influencia política han debilitado la legitimidad del sistema judicial, contribuyendo a la inestabilidad política y a un bajo desempeño en el Estado de Derecho (Bolivia ocupa el puesto 131 de 142 en el Índice de Justicia Mundial). La experiencia boliviana sirve como advertencia sobre los riesgos de politizar la justicia mediante elecciones populares.
Las similitudes con lo que ha pasado en México son claras, con un partido oficial que acaparó los mecanismos de selección de los candidatos, postulando a afines al morenismo, algo que tendrá la misma suerte que en la nación sudamericana y el Estado de derecho en nuestro país también resultará dañado.
La imparcialidad, la primera víctima
La elección judicial programada para el 1 de junio de 2025, busca democratizar el Poder Judicial, pero su capacidad para garantizar jueces imparciales es cuestionable, y hay riesgos significativos de politización, como se observa en la experiencia boliviana y en el contexto mexicano actual.
Por un lado, la elección popular podría, en teoría, aumentar la legitimidad del Poder Judicial al involucrar a la ciudadanía, promoviendo transparencia y rendición de cuentas. El Instituto Nacional Electoral (INE) organizará la elección de 881 cargos federales, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces, con 84,202 casillas y perfiles públicos de candidatos. Esto podría empoderar a los ciudadanos, como consideran algunos analistas que ven potencial para democratizar la justicia.
Sin embargo, varios factores sugieren un riesgo de politización. La preselección de candidatos por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dominados por Morena, plantea preocupaciones sobre sesgos. En Bolivia, la preselección por un legislativo controlado por el MAS resultó en candidatos alineados con el gobierno, erosionando la independencia judicial. En México, medios y usuarios de redes sociales, señalan que el proceso podría ser una «designación encubierta» para favorecer a aliados del oficialismo, con candidaturas de personas cercanas al poder. La concentración del 52% de los cargos judiciales en ocho entidades, donde Morena obtuvo el 90% de los distritos en 2024, refuerza temores de manipulación electoral.
Además, la complejidad del proceso (3,422 candidatos para 881 cargos, seis boletas por votante) podría desincentivar la participación, con el INE ha estimado solo un 8-15% de afluencia. Esto, combinado con la falta de financiamiento público o privado para campañas, limita la difusión equitativa de propuestas, favoreciendo a candidatos con mayor exposición política. Expertos advierten sobre el riesgo de politización, similar al caso boliviano, donde la justicia se volvió lenta e ineficaz. Asimismo, la elección de figuras controvertidas, como la abogada de «El Chapo» en Ciudad Juárez, alimenta preocupaciones sobre influencias externas, incluido el crimen organizado.
La creación del Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de vigilar la conducta de los jueces, podría ser un contrapeso, pero su propia elección por voto popular lo expone a las mismas dinámicas políticas. Además, análisis académicos advierten que la reforma podría debilitar la inamovilidad judicial y abrir la puerta a intereses políticos y económicos, violando estándares internacionales de independencia judicial.
En conclusión, aunque la elección judicial busca mayor legitimidad, el control político en la preselección, la baja participación esperada y la complejidad del proceso sugieren un riesgo alto de politización, como en Bolivia. Sin mecanismos robustos para garantizar meritocracia y autonomía, es probable que el Poder Judicial pierda imparcialidad, afectando el Estado de Derecho y la confianza ciudadana.
La ruta del populismo
La catedrática de Derecho Constitucional de la UVA Paloma Biglino Campos, tiene claros los riesgos a los que se enfrenta el poder judicial para servir de único y definitivo freno para el triunfo del populismo y el consiguiente fracaso de la democracia, algo que ha provocado lo que denominó una estrategia para “la desactivación, en primer lugar, del Tribunal Constitucional, después del Supremo y posteriormente del resto”, algo ya puesto en marcha en otros países, que el populismo desarrolla “forzando jubilaciones de los magistrados, modificando para ello la edad de jubilación y alterando los criterios de elección de los miembros de estos tribunales”, como expuso el pasado 15 de marzo de 2023 en una conferencia que impartió en la Universidad de Burgos, España.
México es un ejemplo del desarrollo de dicha estrategia como vimos con la Reforma al Poder Judicial que impuso el partido oficial con la ayuda de un senador de la oposición en un episodio lamentable que incluyó la cancelación de algunas carpetas de investigación que había en su contra –algo denunciado por el propio legislador que traicionó a su partido– y que ahora goza de prebendas en el Senado.
Así, se podría decir que la elección judicial es una mala idea que no ofrecerá resultados positivos para México y avalarla con el voto no es recomendable, pero mientras exista la libertad de votar debe ser la conciencia de cada quien la que dicte qué hacer el próximo 1 de junio y hacemos énfasis en que debe ser la conciencia de cada persona y no los acordeones o los promotores de este ejercicio obligando a beneficiarios de programas sociales lo que indiquen si se debe o no acudir a las urnas.
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