Al inicio del gobierno, Andrés Manuel López Obrador prometió que México tendría un sistema de salud al estilo nórdico y que para el final de su sexenio todos los mexicanos tendrán derecho a recibir atención y medicamentos gratuitos, sin embargo, a mitad de camino, parece construirse otra mentira de la 4T
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2015 y 2020, el porcentaje de mexicanos sin acceso a servicios de salud creció de 16.7 a 21.5 por ciento, lo que se traduce en que uno de cada cinco mexicanos carece de un lugar a donde acudir cuando se enferma o sufre un accidente.
“Esta carencia ha presentado un comportamiento heterogéneo en la última década, ya que, si bien hubo una disminución entre 2010 y 2015 de 16.9 puntos porcentuales, al pasar de 33.6 por ciento a 16.7 por ciento, entre 2015 y 2020 se observó un repunte en este indicador de 4.8 puntos porcentuales.
De tal manera que, al concluir la década, presentó un valor del 21.5 por ciento de la población que no contaba con acceso a los servicios de salud”, indica el organismo en su informe Evaluación de Carencias Sociales 1990-2020.
El documento refiere que el fenómeno fue perceptible de manera casi general en toda la República Mexicana, pues se detectaron incrementos de este indicador en 31 de 32 entidades federativas, siendo los estados con mayores aumentos Chiapas, Tabasco y Oaxaca, con 12.7, 10.1 y 9.6 puntos porcentuales, respectivamente.
Para elaborar su informe, el Coneval utilizó los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a principios del año pasado, razón por la que explica que los resultados son previos a la llegada de la pandemia en México.
El periodo de aumento en las carencias sanitarias coincide con el inicio en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en enero de 2020, creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para sustituir al Seguro Popular. Según se dijo entonces, el propósito de este cambio era ofrecer “atención médica y medicamentos de manera gratuita y sin restricciones para sus beneficiarios”.
Desde el inicio de sus operaciones, el Insabi generó caos, pues pacientes del extinto Seguro Popular reclamaron que debido a falta de lineamientos y reglas de operación ellos tuvieron que pagar por servicios que antes eran gratuitos. Más tarde el Instituto, y en particular su director Juan Antonio Ferrer, fue señalado como responsable del desabasto de medicamentos en el país, desde los más básicos hasta los de alta especialización, como los fármacos oncológicos para niñas y niños con cáncer.
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