Históricamente, Petróleos Mexicanos (Pemex) fue el pilar de los ingresos fiscales de México, una fuente robusta de recursos que impulsaba el desarrollo nacional. Sin embargo, en los últimos años, esta narrativa ha dado un giro drástico. Pemex ha transitado de ser el mayor contribuyente fiscal a convertirse en una de las principales cargas para las finanzas públicas del país, comprometiendo billones de pesos del Presupuesto Federal y generando una creciente preocupación sobre la sostenibilidad económica de la nación.
La magnitud del desafío financiero que representa Pemex es alarmante. Para el cierre de 2024, la empresa petrolera registró una deuda financiera de 1.98 billones de pesos. Esta cifra no solo refleja la delicada situación interna de la compañía, sino que también se correlaciona directamente con el aumento de la deuda pública nacional. En el último año, la deuda pública de México se ha disparado en más de 2 billones de pesos, un incremento en el que la carga financiera de Pemex juega un papel preponderante. Las proyecciones para 2026 son igualmente desalentadoras, con Pemex enfrentando vencimientos de deuda superiores a los 18.7 mil millones de dólares, lo que equivale a desembolsar aproximadamente 51 millones de dólares diarios solo en amortizaciones de capital.
Este cambio de rol, de contribuyente a receptor de apoyos, se evidencia en la disminución progresiva de la aportación de Pemex al erario. Si bien entre 2015 y 2018 la empresa aportaba 5.7 pesos al gobierno por cada peso recibido de la Federación, entre 2019 y 2023 esta cifra se redujo drásticamente a 1.4 pesos. Esta tendencia subraya la creciente dependencia de Pemex del apoyo gubernamental, lo que inevitablemente presiona las arcas públicas.
El gobierno federal ha implementado una estrategia de rescate y apoyo financiero sustancial para Pemex. Entre 2019 y 2024, la empresa recibió 1.73 billones de pesos en respaldos directos, y según estimaciones de México Evalúa, la cifra ascendió a 2.1 billones de pesos hasta el primer semestre de 2024, lo que representa un significativo 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Estos apoyos incluyen capitalizaciones directas y una reducción progresiva de la Tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), que pasó del 65% en 2019 al 30% en 2024. Se estima que, solo por estos ajustes fiscales, Pemex dejó de pagar aproximadamente 724.1 mil millones de pesos al Estado entre 2020 y 2024. Si bien estas medidas buscan aliviar la presión financiera de la petrolera, transfieren una carga considerable al presupuesto federal. En 2024, el costo financiero de la deuda para el gobierno federal alcanzó 1.150 billones de pesos, una cifra que, aunque no atribuible exclusivamente a Pemex, refleja el aumento general de las obligaciones financieras del Estado, exacerbado por el respaldo a la petrolera.
Más allá de la deuda financiera, Pemex enfrenta una crisis de liquidez que se manifiesta en sus considerables adeudos con proveedores. La deuda a estos últimos superó los 400 mil millones de pesos, generando una ola de protestas y movilizaciones por parte de las empresas afectadas. En Tabasco, por ejemplo, la deuda asciende a 150 mil millones de pesos. Esta situación ha llevado a muchas compañías a la quiebra o al borde de ella, paralizando operaciones y afectando cadenas de suministro vitales para el sector energético del país. La falta de pagos oportunos no solo deteriora la relación con los proveedores, sino que también impacta negativamente la producción y eficiencia de Pemex, creando un círculo vicioso de problemas operativos y financieros.
El impacto de la situación de Pemex se extiende más allá de sus operaciones y se cierne como una amenaza latente sobre la estabilidad macroeconómica de México. Las agencias calificadoras de crédito están monitoreando de cerca el déficit fiscal del país, el cual se ha visto inflado por los constantes apoyos financieros a la petrolera. Una degradación en la calificación crediticia de México podría encarecer el costo de financiamiento para el gobierno en los mercados internacionales, afectando la capacidad del Estado para invertir en infraestructura y programas sociales. Las pérdidas financieras de Pemex en 2024, las peores desde 2020, son un indicativo claro de la fragilidad que atraviesa la empresa. La contribución de Pemex a un gasto público mayor al programado es una preocupación creciente, con el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) alcanzando el 49.3% del PIB a finales del tercer trimestre de 2024 y con proyecciones de llegar al 50.8% al cierre del mismo año.
En este contexto, la reestructuración de Pemex se presenta como un desafío multifacético que requiere una aproximación integral. No se trata solo de ajustar las finanzas de la empresa, sino de redefinir su rol en la economía nacional, garantizando su viabilidad a largo plazo sin comprometer la salud fiscal del país. Las opciones en discusión incluyen la posibilidad de que el Estado asuma una parte mayor de la deuda de Pemex, lo que, aunque técnicamente factible, plantea dilemas legales, riesgos financieros y consecuencias crediticias que deben ser analizados con rigor. El gobierno ha reconocido que la reestructuración de la deuda de Pemex tomará varios años, lo que sugiere que esta carga fiscal y los desafíos asociados persistirán en el horizonte inmediato. La capacidad del gobierno para estabilizar la situación de Pemex sin desequilibrar las finanzas públicas será una prueba crucial para la administración en turno, y el desenlace tendrá profundas implicaciones para la economía mexicana en su conjunto.
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