La deuda y la producción de Pemex están teniendo un impacto significativo en las finanzas públicas de México, generando presión sobre el presupuesto nacional y limitando la capacidad del gobierno para atender otras prioridades. Pemex, como una de las principales fuentes de ingresos fiscales del país, enfrenta una situación financiera crítica debido a su elevado endeudamiento y una producción de crudo que no logra repuntar, lo que agrava su dependencia de apoyos gubernamentales y compromete la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Por un lado, la deuda de Pemex es una carga considerable. A finales de 2024, el saldo de su deuda financiera se estima en alrededor de 97,000 millones de dólares (aproximadamente 1.97 billones de pesos al tipo de cambio actual). Esta cifra representa cerca del 5.6% del PIB estimado para 2024, según análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Además, la petrolera enfrenta vencimientos importantes en los próximos años, con aproximadamente 7,100 millones de dólares en 2025, lo que requerirá refinanciamiento o nuevos apoyos del gobierno. Desde 2019, el gobierno federal ha destinado más de 1.38 billones de pesos en aportaciones de capital y reducciones fiscales para rescatar a Pemex, equivalente a un esfuerzo anual de alrededor del 1% al 1.5% del PIB. Estas transferencias, aunque han permitido reducir la deuda en términos nominales (de 106,800 millones de dólares en 2018 a 97,000 millones en 2024), no han solucionado los problemas estructurales de la empresa y han desviado recursos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura.
En cuanto a la producción, Pemex ha experimentado un declive sostenido. En el tercer trimestre de 2024, la extracción de crudo cayó a 1.512 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en más de una década, un 5.2% menos que en el mismo periodo de 2023. Este descenso se debe a la maduración de campos petroleros, la falta de inversión suficiente en exploración y producción, y problemas operativos. Aunque la producción de gasolinas y diésel ha aumentado (287,000 y 183,000 barriles diarios en 2024, respectivamente), sigue dependiendo en gran medida de refinerías que operan por debajo de su capacidad y de importaciones costosas, lo que limita los ingresos por exportaciones de crudo y afecta las divisas disponibles para el país.
El impacto en las finanzas públicas se refleja en varios frentes. Primero, los apoyos a Pemex han contribuido a un déficit presupuestario elevado, que en 2024 se estima en 4.9% del PIB, uno de los más altos en décadas. Segundo, la deuda pública total de México, que incluye la de Pemex, alcanzó 17.43 billones de pesos en 2024 (51.4% del PIB), con la petrolera representando una proporción significativa de la deuda externa. Esto aumenta el costo financiero del gobierno, que en 2024 creció 5.1% real anual debido a tasas de interés más altas y condiciones financieras restrictivas. Finalmente, la menor producción y los bajos ingresos de Pemex han reducido su contribución fiscal, obligando al gobierno a recurrir a mayor endeudamiento: en 2025, se autorizó a Pemex un techo de deuda de 246,491 millones de pesos, un 16.75% más que en 2024, lo que equivale a uno de cada cinco pesos del endeudamiento total del gobierno.
En resumen, la combinación de una deuda masiva y una producción estancada de Pemex está erosionando las finanzas públicas de México al exigir cuantiosos recursos del erario, incrementar el déficit y la deuda pública, y limitar la flexibilidad fiscal del gobierno. Sin reformas estructurales que mejoren la eficiencia operativa de Pemex y reduzcan su dependencia del apoyo estatal, esta situación podría convertirse en un lastre aún mayor para la economía mexicana en los próximos años.
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