Los datos son claros: en 2024, menos del 2% de las empresas generó el 78% del ISR empresarial, y aportó el 39% del total nacional. Estas cifras revelan que las grandes compañías sostienen una parte sustantiva del sistema fiscal, además de ser fuentes de empleo e innovación. Ampliar su número es, por tanto, un objetivo urgente si se busca reducir la dependencia tributaria de unos cuantos actores, ampliar la base fiscal y financiar el desarrollo social sin comprometer la estabilidad macroeconómica. El desarrollo económico de México exige decisiones valientes y estratégicas. Una de ellas es reconocer que las grandes empresas son actores fundamentales para el crecimiento sostenido del país . En lugar de estigmatizarlas, el Estado mexicano debe generar las condiciones para que se multipliquen, prosperen y permanezcan en el territorio nacional.
Sin embargo, no puede haber inversión sin confianza, y no puede haber confianza sin instituciones sólidas. La reforma judicial, con baja participación ciudadana en sus comicios, opacidad en las candidaturas y una intención evidente de control político, no fortalece la justicia: la debilita. Un sistema judicial débil es incompatible con un entorno empresarial competitivo y estable.
Si queremos un México con oportunidades, empleo y desarrollo, necesitamos fortalecer el Estado de derecho y volver a ser un país confiable para invertir. Impulsar el crecimiento de grandes empresas no es ceder ante intereses privados: es apostar por un modelo de desarrollo realista, sostenible y moderno. Pero ¿el Gobierno estará dispuesto a rectificar, incluso si ello implica dar marcha atrás en decisiones que, aunque emblemáticas, resultan contraproducentes?
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