Pesca y acuacultura en México
Hace una semana, investigadores del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD) entregaron a los legisladores un análisis sobre organismos genéticamente modificados.
El texto del IBD recuerda que según la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados de México, los organismos genéticamente modificados (OGM) son cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna.
Son dos los usos de los OGM u organismos transgénicos: la liberación al ambiente y la producción de medicamentos o uso confinado, en la que no hay una liberación intencionada al ambiente.
Generalmente, los organismos que han sido modificados y que pretenden liberarse en un espacio determinado son especies que van del frijol, maíz y trigo, hasta el algodón, alfalfa y soya. Los fenotipos que adquirieron los organismos (esto es las características o rasgos observables, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento) los hacen resistentes a sequías, insectos, herbicidas, etcétera.
El salmón fue el primer animal modificado aprobado en Estados Unidos para consumo humano. La tecnología genética se aplica en el salmón para acelerar su crecimiento y peso, así como su resistencia a temperaturas más frías y a patógenos como virus y bacterias.
Uno de los argumentos que esgrimen los productores que usan OGM es la necesidad creciente de la humanidad de abastecer una cantidad suficiente de alimentos para su distribución equitativa. Sin embargo, un argumento en contra del anterior razonamiento es que, en realidad es necesario replantear las políticas agropecuarias en su conjunto, más que emplear únicamente la innovación tecnológica.
La organización no gubernamental Greenpeace ha resaltado que de acuerdo al Registro de Contaminación de Organismos Genéticamente Modificados, 216 incidentes se reportaron en el Informe de Contaminación con Transgénicos de 2007, además de 11 casos de liberación ilegal de transgénico relacionados con algodón, pescado, maíz, canola, papaya, arroz y soya.
Desde el año 2010, la encuesta de Lake Research Partners reveló que en Estados Unidos, 78 por ciento de los encuestados no apoyaban la aprobación de la Agencia de Alimentos y Medicinas (FDA por sus siglas en inglés) para producir salmón genéticamente modificado para consumo humano.
En la misma encuesta se ha resaltado que los factores que influyen en la opinión pública para la aceptación de los alimentos genéticamente modificados son: la confianza en la regulación, la actitud ante las patentes, los aspectos morales, los valores sociales y lo relacionado con la biotecnología.
El tema de productos transgénicos es un tema que se encuentra en continuo debate tanto en el mundo como en México. Los organismos genéticamente modificados han hecho resistentes a algunas especies de sequías, plagas, enfermedades, entre otros males. Sin embargo, también han preocupado a los científicos por las consecuencias al medio ambiente o a la salud humana.
En México existen secretarías y consejos especializados en el control y manejo de OGM, así como legislaciones especializadas como la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Dicha legislación no sólo estipula lo relativo a la salvaguarda y a la bioseguridad de la agricultura o la ganadería, sino también al cuidado de los productos pesqueros y acuícolas, respecto a su modificación genética.
Sin embargo, se trata de temas en que la velocidad de los desarrollos tecnológicos supondría una constante actualización de la legislación. En contraste, al término de su LXII Legislatura del Senado de la República, de las 14 iniciativas que en materia de OGM se presentaron, únicamente una de ellas se refiere estrictamente a organismos acuícolas genéticamente modificados.
Lo anterior indica que, si bien es un tema importante, aún falta mucho análisis y estudio en cuanto a la necesidad de modificar y adecuar el marco jurídico vigente para proteger el origen y el desarrollo de productos pesqueros y acuícolas, así como el control de OGM en dichos productos.
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