En un giro que sacude el panorama político mexicano, la oposición parece emerger de su letargo postelectoral con denuncias de alto calibre contra figuras clave de Morena. El 23 de septiembre de 2025, el PAN presentó una querella formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y actual senador morenista; José Ramón López Beltrán, conocido como «Andy», hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador; Gonzalo Alfonso López Beltrán, alias «Nacho», otro hijo del exmandatario; y Salvador Camargo Viveros, exfuncionario tabasqueño. Las acusaciones son graves: conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos y contrabando. Según el documento panista, estos personajes forman parte de una red que habría explotado el robo de combustible (huachicol) en Tabasco y Pemex, amasando fortunas ilícitas durante el sexenio de López Obrador.
Paralelamente, el PRI, bajo el liderazgo de Alejandro «Alito» Moreno, escaló la ofensiva internacional al entregar un expediente a la DEA y el FBI en Washington. Denominado «Cártel de Macuspana» —en alusión al pueblo natal de AMLO—, el informe priista acusa directamente al expresidente de encabezar una estructura criminal que colude con el narcotráfico. Señala vínculos entre Adán Augusto, gobernadores morenistas como Carlos Merino en Tabasco, y operadores locales con carteles como el de los Beltrán Leyva. Moreno presentó evidencias como contratos irregulares en Pemex, transferencias bancarias sospechosas y testimonios de testigos protegidos, alegando que esta red ha permeado instituciones federales para lavar dinero y proteger rutas de droga. «No es un partido, es un cártel político», declaró Moreno en conferencia, exigiendo investigaciones independientes.
Estas movidas no son aisladas. Reflejan una estrategia opositora coordinada para desmantelar la hegemonía de Morena ante las elecciones intermedias de 2027. El PAN busca capitalizar escándalos pasados como el de «El Cártel Negro» —el libro de Ana Lilia Pérez que desde 2018 expone nexos de Adán Augusto con el huachicol—. El PRI, por su parte, usa su experiencia en inteligencia para internacionalizar el caso, presionando a agencias estadounidenses sensibles al flujo de fentanilo y precursores químicos desde México. Analistas ven aquí un «nado sincronizado» opositor, pero también riesgos: Morena podría contraatacar con narrativas de «lawfare» o persecución política.
La respuesta de Morena fue predecible y defensiva. La presidenta nacional, Luisa María Alcalde, reiteró el mantra lópezobradorista: «El expresidente transformó para bien la historia del país». En un intento por minimizar el impacto, aclaró que aún no se expulsa del partido a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco bajo Adán Augusto, capturado recientemente en Paraguay con una ficha roja de Interpol por nexos con «La Barredora», célula del Cártel del Golfo. Bermúdez, quien huyó en 2023 tras denuncias de corrupción, representa el talón de Aquiles: su permanencia en Morena alimenta sospechas de encubrimiento. Senadores guindas cerraron filas en torno a Adán Augusto, acusando a la oposición de «golpismo» y exigiendo pruebas concretas.
Este embate opositor podría reconfigurar el tablero. Si la FGR o las agencias gringas avanzan, podría fracturar a Morena, erosionando su base en Tabasco y el sureste. Sin embargo, sin evidencia irrefutable, corre el riesgo de ser visto como revancha electoral. La 4T, que prometió combatir la corrupción, enfrenta ahora su mayor prueba: ¿responderá con transparencia o con más lemas? El «despertar» opositor no solo cuestiona legados, sino la viabilidad de la «transformación» en un México polarizado.
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