Este informe aborda la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) de evitar exigir renuncias a funcionarios implicados en errores o actos de corrupción, bajo el argumento de no dar «armas a la oposición». Esta postura, arraigada en su visión política, fomentó una percepción de impunidad que aún resuena en 2025 bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, perpetuando la tolerancia hacia la ineficiencia y la corrupción, con graves consecuencias para la gobernabilidad y la confianza ciudadana.
López Obrador justificaba su renuencia a despedir funcionarios señalando que las críticas eran maniobras de la oposición —PRI, PAN y MC— para debilitar su proyecto de la «Cuarta Transformación». Casos emblemáticos ilustran esta dinámica. En 2021, el entonces titular de la CFE, Manuel Bartlett, enfrentó acusaciones por enriquecimiento ilícito y conflictos de interés, pero AMLO lo respaldó, calificando las denuncias como «golpeteo político». En 2023, el escándalo del huachicol fiscal involucró a figuras como Horacio Duarte, exdirector de Aduanas, y a marinos ligados a Rafael Ojeda, secretario de Marina. Pese a evidencias de contrabando y sobornos, no hubo destituciones; AMLO minimizó los señalamientos como «ataques de conservadores». Incluso en 2024, cuando la FGR investigó a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, por presuntos nexos con el huachicol, López Obrador desestimó las acusaciones como «calumnias» sin exigir responsabilidades.
Esta estrategia tuvo un costo elevado. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, México cayó al puesto 126 de 180 países, perdiendo 10 posiciones desde 2018. El Observatorio Ciudadano de Energía estima que el huachicol fiscal generó pérdidas de 177 mil millones de pesos en 2024, equivalentes al 44% del IEPS por combustibles. La inacción ante funcionarios como Duarte, quien siguió en cargos clave tras las acusaciones, o el respaldo a Ojeda pese a investigaciones en la Semar, proyectó una imagen de protección a la ineptitud y la corrupción. En el ámbito social, la falta de rendición de cuentas alimentó la desconfianza: encuestas de Latinobarómetro 2024 muestran que solo el 22% de los mexicanos confía en el gobierno federal, un descenso del 15% respecto a 2018.
La postura de AMLO también tuvo implicaciones políticas. Al evitar renuncias, Morena mantuvo cohesión interna, pero a costa de legitimidad. La oposición, liderada por figuras como Federico Döring, capitalizó estos casos para acusar al gobierno de encubrimiento, especialmente en el Congreso, donde las denuncias por huachicol se convirtieron en arma electoral para 2024. Sin embargo, la retórica de AMLO de culpar a «adversarios» diluyó el impacto opositor, polarizando aún más el debate público. En 2025, Sheinbaum ha intentado diferenciarse con decomisos récord de combustible ilegal y detenciones de exfuncionarios, pero la sombra de la impunidad persiste. La UIF reporta 15 investigaciones abiertas contra excolaboradores de AMLO, pero sin destituciones de alto perfil, lo que sugiere continuidad en la tolerancia.
Las consecuencias actuales son claras: la impunidad erosiona la confianza institucional, frena la recaudación fiscal y perpetúa la inseguridad ligada al crimen organizado. Para revertirla, Sheinbaum debe priorizar la transparencia y la rendición de cuentas, rompiendo con la narrativa de AMLO. Sin ello, México seguirá atrapado entre la ineficiencia y la corrupción, debilitando su democracia.
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