La reciente elección de jueces por voto popular, implementada en México tras la reforma judicial de 2024, ha desatado una tormenta de críticas en sus primeras semanas de labores de los nuevos juzgadores en septiembre de 2025. Este informe analiza las deficiencias de los nuevos juzgadores, evidenciadas por su falta de conocimientos legales, errores en audiencias y renuncias prematuras, y evalúa su impacto en la justicia que los ciudadanos esperan. La promesa de una justicia más democrática choca con una realidad preocupante, que podría minar la confianza pública y desestabilizar el sistema judicial rumbo a las elecciones de 2027.
La elección de 1,615 cargos judiciales, incluyendo magistrados y jueces de distrito, marcó un hito en junio de 2025. Sin embargo, los perfiles electos, muchos sin experiencia judicial previa, han mostrado fallas graves. En Chihuahua, un juez de control, electo con respaldo de Morena, confundió conceptos básicos como «pruebas de descargo» durante una audiencia de vinculación, retrasando un caso de homicidio. En Veracruz, una magistrada del Tribunal Superior renunció tras tres días, admitiendo en una carta pública no estar preparada para interpretar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Datos de investigaciones señalan que 42% de los jueces electos carecen de experiencia en tribunales, y 15% no cuentan con cédula profesional, aunque cumplieron requisitos mínimos de campaña.
Errores en audiencias proliferan. En Jalisco, un juez de distrito suspendió un caso de lavado de dinero por mal manejo de la cadena de custodia, liberando al imputado por «falta de pruebas», pese a evidencia sólida presentada por la FGR. En redes, como X, usuarios como @JusticiaMX22 denuncian que audiencias se han convertido en «circo», con jueces improvisando fallos o delegando a asesores técnicos. Hasta el 15 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal reportó 87 quejas formales contra jueces electos, 60% por «incompetencia procesal».
Las renuncias agravan la crisis. En Sinaloa, tres jueces abandonaron sus cargos en dos semanas, citando presiones políticas y amenazas del crimen organizado. Esto refleja un problema estructural: la elección popular expuso a candidatos sin preparación a campañas costosas y vulnerables a influencias externas. Una encuesta de México Evalúa revela que 68% de los ciudadanos perciben a los nuevos jueces como «poco confiables», y 55% cree que la justicia será más lenta.
Los efectos son profundos. Primero, la confianza en el sistema judicial, ya frágil (solo 38% confiaba en 2024, según el INEGI), se erosionará más, alimentando narrativas de ineficiencia que la oposición (PAN, PRI, MC) explotará en 2027. Segundo, la impunidad podría aumentar: casos de alto perfil, como los ligados al CJNG, enfrentan retrasos por errores judiciales, debilitando la seguridad. Tercero, la polarización crece: Morena defiende la reforma como «democratización», mientras críticos la tildan de «populismo judicial».
La presidenta Sheinbaum, con 65% de aprobación (Mitofsky), enfrenta presión para capacitar urgentemente a los jueces o ajustar la reforma. Sin embargo, el respaldo de AMLO a la elección popular limita su margen de maniobra. Sin correcciones, como exámenes de competencia obligatorios o supervisión reforzada, la justicia mexicana arriesga un colapso funcional, afectando desde derechos humanos hasta inversiones extranjeras, sensibles a la certeza jurídica. La ciudadanía espera justicia pronta; hoy, solo encuentra improvisación.
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