El semáforo en verde indica el arranque de las campañas políticas. Están en disputa nueve gubernaturas, un sinnúmero de ayuntamientos, congresos locales y la renovación de la Cámara de Diputados, esta última con relevancia especial, ya que desde ahí se define el presupuesto y, por lo tanto, es susceptible de acuerdos, negociaciones y controles, dependiendo del número de curules que tenga cada Partido Político, en consecuencia, se pondrá énfasis en obtener mayorías.
Nada fuera de lo normal, en eso precisamente consisten las contiendas: lograr obtener el voto ciudadano. Lo curioso del caso mexicano es que no acabamos de ponernos de acuerdo y, por lo mismo, en las últimas dos décadas hemos estado inmersos en el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral.
Así, se han aprobado diversas reformas en la materia, todas después de los procesos, cuando se detectan las anomalías.
Las campañas que inician no se encuentran exentas de nuevas reglas, también estrenan diversas disposiciones que las regulan, entre ellas, sobresale lo concerniente a la fiscalización, ahora a cargo del Instituto Nacional Electoral, con la intención de evitar excesos en los topes permitidos. Sin embargo, lo relevante consiste en el hecho de establecer un régimen por demás dotado de gran especificidad, que nos lleva a concluir la tendencia real de su inobservancia.
No se trata de una cuestión novedosa, la lucha por el poder en el país se encuentra plagada de actos inmorales, carentes de ética y tramposos, que después se ven reflejados en el ejercicio del gobierno. A los ciudadanos les quedan en esa realidad pocas opciones: 1, acercarse a los grupos de poder (los que tienen esa oportunidad), procurando verse favorecidos; 2, participar bajo la expectativa que las elecciones serán limpias y; 3, se abstienen de participar.
La motivación principal para generar nuevas reglas pasados los procesos electorales, se da en función de las experiencias vividas: aquellas que provocaron inequidades en las contiendas, dígase: rebase en los gastos de campaña, uso de programas sociales, recursos de dudosa procedencia, cooptación de funcionarios electorales, etcétera, que si bien desde el ámbito jurídico no es fácil de comprobar, se encuentra a ojos vistos y, con el ánimo de evitarlo, se ha recurrido a regular a través de la ley esas faltas con mayor precisión y sancionándolas con rigor.
Los resultados esperados son optimistas en el discurso, pero deben observarse en los hechos, pues todo está revuelto en estos momentos, existen altibajos, no hay nada para nadie y eso significa la enorme tentación de sucumbir en prácticas ilegales, sin importar las consecuencias, apegándose al refrán popular: «haiga sido, como haiga sido, yo ya gané».
There is no ads to display, Please add some
