A pesar de que la nuestra es una Constitución rígida, se han modificado 114 de sus 136 artículos.
El día de mañana se celebra el 99 aniversario de la Constitución Federal y como es natural, nuevamente se reproducen los análisis y comentarios respecto a las numerosas modificaciones que ha sufrido de 1917 a la fecha, así como la discusión sobre la necesidad de elaborar una nueva Constitución que responda de mejor forma a la realidad del país.
Las razones pueden ser distintas, pues hay quienes consideran que con las reformas promovidas a partir de una lógica neoliberal se traicionó el espíritu original de la Carta Magna al que hay que volver, mientras que para otros es necesario construir un nuevo proyecto de nación que sea acorde con los tiempos actuales y con una visión de futuro.
Pero en lo que la mayoría coincide, es que el texto constitucional es demasiado extenso -ocupamos el segundo lugar a nivel mundial tan sólo detrás de la India-, farragoso, desordenado y hasta confuso, lo que no sólo lo vuelve inaccesible para los ciudadanos, sino que incluso dificulta el cumplimiento de sus principales funciones que de acuerdo con el Dr. Diego Valadés son: Regir la organización de las relaciones de los poderes públicos, regular las relaciones entre gobernantes y gobernados y normas las relaciones entre los individuos.
A pesar de que la nuestra es una Constitución rígida, lo que significa que para reformarla es necesario llevar a cabo un procedimiento más complejo que para el resto de las leyes requiriéndose del voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes y que sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados, se han modificado 114 de sus 136 artículos y su extensión se ha triplicado al pasar de 21,000 palabras a más de 60 mil.
Un ejemplo muy ilustrativo nos lo da el doctor Pedro Salazar al señalar que en 1917 el artículo 41 tenía 63 palabras en tanto que en la actualidad tiene más de 4 mil, lo que ha tenido consecuencias en términos de técnica y estabilidad normativas.
Cada quien tendrá su opinión sobre el sentido, pertinencia y calidad de las múltiples reformas que se han aprobado en estas más de nueve décadas, pero es un hecho que su transformación ha sido radical y por tanto se hace necesaria una revisión integral de la Constitución.
Probablemente, lo ideal sería que en el marco del centenario se generaran los consensos suficientes para arribar a un nuevo pacto como sociedad. Sin embargo, tratando de ser objetivo, no se advierte que en un entorno de turbulencia política, económica y de crispación social, existan las condiciones adecuadas que lo hagan viable.
Por ello, el destacado trabajo realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM cobra aún más relevancia y oportunidad, ya que precisamente lo que buscó fue reordenar y consolidar el texto de la Constitución para lo cual, analizaron el texto actual desde una perspectiva técnica y elaboraron una Ley de Desarrollo Constitucional con lo que además de darle coherencia y hacerlo más accesible, se logró un documento más breve al reducir alrededor de 14 mil palabras.
Es importante precisar que quienes realizaron el estudio -entre los que se encuentran el propio Director del Instituto, Pedro Salazar, así como Diego Valadés y Héctor Fix Fierro- no pretendieron erigirse en legisladores alterando el texto constitucional, por el contrario fueron muy cuidadosos en respetar los acuerdos políticos y el espíritu de las diversas disposiciones contenidas en la norma suprema.
En definitiva, la ruta planteada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas representa una muy buena alternativa para celebrar los 100 años de vida de nuestra Constitución. La decisión está en la cancha del Congreso.
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