El menú de temas para el primer domingo de diciembre es apetitoso. Desde las trampas y mentiras del fiscal Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade —quien seguramente será echado del servicio público por imbécil—, hasta las peleas por el Tribunal de Justicia del DF. Sin olvidar el escándalo mediático por “el churro” de Peña Nieto y “la coca” entre las etnias de Oaxaca.
Cualquiera de esos temas resultaría no sólo polémico, sino saludable para los últimos debates del moribundo 2015, en especial el caso Santiago Nieto, el “pequeño” servidor público que pretendió jugar en grandes ligas sin entender que en política “el que la hace la paga”. De pilón son muchos los indicios de que un juez rechazará las acusaciones contra Arturo Escobar, el líder del PVEM acusado de trampear la elección federal de junio pasado.
Y se podrían rechazar las acusaciones contra los pillos del Partido Verde no porque sean inocentes del manejo sucio de dinero público en tiempos electorales, sino porque queda claro que Santiago Nieto actuó por consigna y —sobre todo—, sin tener el cuidado de borrar las huellas de la forma tramposa y desaseada en la que llegó a la Fepade. Es decir, que “fue por lana y salió trasquilado”.
Por eso, es muy probable que no cargue los peregrinos en las posadas de esa institución.
Otro presunto inocente. Sin embargo, preferimos ocuparnos de un caso que a nadie importa —salvo a Jorge Muñoz Bustos y familia—, y que confirma que la justicia en México tiene precio; que es pronta y expedita sólo para aquellos que tienen dinero; sólo para los que tienen influencia y amigos poderosos o para los casos que son rentables políticamente.
Pero resulta que el de Jorge Muñoz Bustos no es un caso que sirva para ganar votos, para golpear al gobierno federal y menos para llamar la atención del gobierno mexiquense. El de Jorge Muñoz Bustos es el de un mexicano sin dinero, sin recursos, sin preparación y sin posibilidades de convertirse en un caso emblema; de esos que dan renta política y votos.
Y es que como no contaba con dinero y como su preparación y la de su familia es mínima, Jorge Muñoz Bustos fue sentenciado a casi 50 años de prisión, mientras abogados rapaces y leguleyos “exprimieron” a su familia del poco dinero y bienes de que disponían, sin tramitar un solo recurso legal.
La historia. Según el relato de Paula —esposa de Muñoz Bustos—, su esposo fue sentenciado a 47 años de prisión, de los que lleva nueve en el Penal de Santiaguito, como presunto responsable de la muerte de Efraín Arturo Arizmendi, líder de un grupo de narcomenudistas, que operaba en el Estado de México.
Jorge Muñoz Bustos fue acusado por dos testigos identificados como Jonathan e Iván, uno de ellos estaba drogado al momento de la declaración según lo señala Paula Trujillo Estrada, esposa de Jorge, quien al momento de su detención contaba con 28 años de edad y que hoy es padre de tres hijos y lleva nueve años preso.
Según el relato de Paula —y sólo habla la esposa porque ninguno de los abogados que extorsionaron a la familia aceptó dar su testimonio—, el 15 de noviembre de 2006 Jorge trabajaba repartiendo agua a bordo de una camioneta Suburban color blanco, propiedad de su familia, que a su vez es propietaria de una purificadora de agua.
Repentinamente fue interceptado por elementos de la policía del municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, y sin oponer resistencia fue presentado ante el Ministerio Público y remitido al penal sin la respectiva orden de aprehensión. Durante semanas no supo la razón de su detención.
Finalmente se enteró que estaba acusado como presunto responsable del asesinato de Efraín Arturo Arizmendi, narcomenudista al que habían ultimado hombres que huyeron del lugar en una camioneta Pick up color blanco.
El caso está consignado en el expediente 246/2006 del juzgado Primero del Penal de Tenancingo, en el que son evidentes múltiples irregularidades y en donde la única coincidencia entre la declaración de los supuestos testigos y el presunto responsable es el color de la camioneta en la que habrían escapado los asesinos.
Es decir, que en todo el expediente se habla de “una camioneta blanca, Pick up” cuando se hace referencia a los supuestos asesinos y también se insiste en que el detenido viajaba “a bordo de una camioneta blanca, Suburban”. Es decir, Jorge Muñoz Bustos fue detenido, juzgado y sentenciado sólo porque la camioneta que conducía, y en la que entregaba agua purificada en la empresa de su familia, era de color blanco.
Pruebas contundentes. Por si fuera poco, el expediente consigna que el narcomenudista Efraín Arturo Arizmendi fue asesinado a balazos. Sin embargo, las pruebas que le realizaron al presunto responsable —como la de rodizonato de sodio, psicológicos, perfil de la víctima y otras pruebas aportadas—, no lo incriminan.
Más aún, los testigos del crimen nunca identifican plenamente al presunto responsable y —para colmo—, uno de ellos se encontraba bajo los efectos de drogas al momento de presenciar lo ocurrido.
La justicia no es para los pobres. Sin dinero para pagar un abogado, sin asesoría, sin preparación y sin esperanza, la familia de Jorge Muñoz espera, literalmente, “un milagro”. Y es que al inicio del juicio fueron “exprimidos” por abogados vividores; luego quedaron en manos de uno, dos, tres y muchos “defensores de oficio” que nada hicieron por el caso “porque no hay para aceitar la justicia”.
Ya pasaron nueve años de la detención de Jorge Muñoz Bustos, ya fue sentenciado a 47 años de prisión y el caso fue cerrado. A nadie le importa; no le importó a ninguna Comisión de Derechos Humanos, a ninguna autoridad, a ningún gobierno. Las vividoras ONG lo ven como un asunto “poco rentable”.
Nadie en nueve años ha realizado una marcha, un plantón, una huelga; nada se mueve en la justicia mexicana sin el dinero “que aceita la justicia”.
Y mientras tanto. “¡Que se pudra Jorge en la cárcel!” ¿Quién le manda pasar por donde pasó y conducir una camioneta blanca? El caso completo en www.letraroja.com.mx
Al tiempo.
EN EL CAMINO. De risa loca. Abundan los prohombres del derecho, los políticos, magistrados, jueces y hasta ministros de la Corte que quieren sacar al doctor Edgar Elías Azar de la presidencia del TSJDF. Lo curioso es que no son capaces de ofrecer un argumento sólido, contundente y legal. En cambio recurren a “la chicana”, la transa y a los viejos recursos leguleyos. Dan pena y se exhiben de cuerpo completo. ¿De ese tamaño es el Poder Judicial del DF? Apesta.
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