Por: Diego Fernández de Cevallos
He sido, soy y seré respetuoso y agradecido con nuestras fuerzas armadas. Frente a casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos (que las propias corporaciones son las primeras en perseguir y sancionar), son innegables los servicios que diariamente prestan a México con amor, valor y disciplina y con lealtad a las instituciones, independientemente de sus titulares.
El preámbulo anterior es obligado para evitar equívocos, porque en esta ocasión reputo como absolutamente inadmisible y peligroso lo recién declarado por el secretario de Marina Armada de México, Almirante José Rafael Ojeda Durán, pero defiendo (de la manera en que lo explico) el fondo de su reclamo.
El referido secretario expresó, indignado, la frustración que siente la corporación bajo su mando cuando jueces ponen rápidamente en libertad a presuntos delincuentes, previamente capturados por marinos, soldados o miembros de la Guardia Nacional, en operativos peligrosos, que en desigual combate o cobardes emboscadas dejan heridos y muertos a compañeros suyos.
Lo que no debe aceptarse es la afirmación del señor secretario en el sentido de que “parece ser que el enemigo está en el Poder Judicial”. Fue, por decir lo menos, una expresión desafortunada y, en las circunstancias políticas que vive México, muy peligrosa.
Esas palabras no se pueden disociar del ataque constante y altanero de López Obrador en contra de jueces, magistrados y ministros. Injuriarlos y difamarlos impunemente se ha vuelto para él un vómito incontenible; bravucona y cínicamente trata de amedrentar a unos y cooptar a otros (y a veces lo consigue).
Además, el concepto de “enemigo”, en lo militar, no equivale al “adversario político” con el que se puede convenir, sino a quien se debe someter o eliminar a toda costa. Por eso es grave la expresión.
Ahora bien: ¿cuál es el fondo y la justificación del reclamo en comento? Pues tan sencillo de explicar como difícil de corregir: el deficiente funcionamiento de las instituciones involucradas en la persecución, detención y castigo de esos facinerosos. Mientras la impunidad ronde 95 por ciento de los delitos cometidos, todo estará por hacerse.
No es propiamente “ayuda” lo que necesita de las demás instituciones, como pidió el señor secretario, sino mejor desempeño de todas y eficaz coordinación entre ellas.
Urge dotar de mayor preparación y de mejores instrumentos y prestaciones a quienes realizan la función primordial del Estado: hacer valer la ley y garantizar la vida y seguridad de la población.
Los ministerios públicos y los jueces no están facultados para subsanar errores graves en los operativos de nuestras fuerzas armadas que, en ocasiones, violan la Constitución, la ley y los derechos humanos. Es tarea de todos.
Secretario: no a su expresión, sí a su reclamo.
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