La inseguridad en México sigue siendo una herida abierta, y el robo a negocios se consolida como un dolor de cabeza constante para los emprendedores y la economía del país. A pesar de los discursos oficiales que intentan maquillar la realidad, las cifras son contundentes y revelan un panorama preocupante que golpea directamente el patrimonio de miles de familias mexicanas.
Según datos recientes de TResearch International, una firma especializada en análisis de datos, durante el sexenio de Claudia Sheinbaum se han registrado 22,946 denuncias por robo a negocios en todo el territorio nacional. Si bien se reporta una supuesta «caída anual» del 13% en abril de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de 73,496 a 22,946 denuncias, es fundamental mirar más allá de las estadísticas aisladas y entender el impacto acumulado de este delito. La afirmación de una disminución del 69% entre 2024 y 2025, de 73,496 a 22,946 denuncias, si bien es una baja significativa, no borra el historial de lo que ha sido este flagelo. La realidad es que miles de negocios han sido víctimas, y la percepción de seguridad para los comerciantes dista mucho de ser óptima.
La geografía del crimen nos muestra una concentración alarmante. El Estado de México, la Ciudad de México y Guanajuato se llevan la peor parte, concentrando el 44% de las denuncias por robo a negocios en el sexenio actual. Estas entidades, que son pilares económicos y poblacionales del país, se han convertido en focos rojos donde la delincuencia organizada y común parece operar con mayor impunidad. Es aquí donde la falta de una estrategia de seguridad integral y efectiva se hace más evidente, dejando a los comerciantes a merced de los criminales.
Pero la problemática no se limita a estos grandes centros urbanos. Si analizamos las denuncias por habitante, Aguascalientes lidera esta triste lista con 461 denuncias por cada millón de habitantes, seguido de cerca por Quintana Roo (384) y Querétaro (357). Esto nos indica que el problema de la inseguridad en los negocios no es exclusivo de las zonas de alta densidad poblacional, sino que se extiende a estados donde, quizás, la presencia de la autoridad es menor o las redes de protección a los comerciantes son más débiles. La diversificación geográfica de este delito demuestra que es un problema estructural que requiere soluciones a nivel nacional, no solo parches localizados.
La percepción ciudadana, alimentada por estas cifras y las experiencias personales, choca frontalmente con el discurso oficialista que busca minimizar la gravedad del asunto. Para los comerciantes, el robo no es solo una estadística, es la pérdida de su inversión, de su esfuerzo y, en muchos casos, la amenaza a su subsistencia. La inacción o la falta de resultados contundentes por parte de las autoridades genera desconfianza y un sentimiento de abandono.
Es crucial que el gobierno, más allá de las cifras y los porcentajes, implemente estrategias de seguridad que realmente impacten en la reducción de este delito. Se necesita una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno, mayor inversión en inteligencia y tecnología para combatir a las bandas dedicadas al robo a negocios, y un sistema de justicia que garantice que los delincuentes sean castigados y no regresen a las calles a seguir delinquiendo. Solo así se podrá recuperar la confianza de los comerciantes y, con ello, fortalecer la economía del país.
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