Un tiroteo perpetrado el 20 de abril de 2026 en la Pirámide de la Luna, dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán, dejó una turista canadiense muerta, 13 heridos —entre ellos extranjeros y menores— y un agresor abatido que se suicidó tras disparar contra visitantes. El hecho, calificado como premeditado y ejecutado por un solo individuo, generó alarma nacional e internacional por ocurrir en uno de los sitios turísticos más emblemáticos del país. La oposición llevó el caso a la Cámara de Diputados solicitando un minuto de silencio. La respuesta de Morena no se hizo esperar: la diputada Gabriela Valdepeñas intervino para afirmar que la crisis de violencia “no comenzó con este gobierno”, sino que se disparó durante la administración de Felipe Calderón y se consolidó con Enrique Peña Nieto.
Valdepeñas citó cifras de homicidios de aquellas épocas para argumentar que Morena heredó un problema estructural. Según su postura, la estrategia de seguridad actual solo enfrenta las consecuencias de políticas fallidas del pasado, y responsabilizar al gobierno actual equivale a ignorar el contexto histórico. Para sus defensores, se trata de una explicación necesaria: la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 y la inercia de los años siguientes dejaron un tejido social fracturado que no se resuelve de un día para otro. Admitir herencias incómodas, sostienen, es un acto de honestidad que permite enfocar esfuerzos en la pacificación.
Sin embargo, la intervención provocó rechazo inmediato. Críticos de la oposición y analistas independientes consideran que atribuir la balacera exclusivamente a gobiernos de hace más de una década constituye una evasión sistemática de responsabilidad. Morena lleva ocho años al frente del Poder Ejecutivo federal y, desde 2023, también gobierna el Estado de México. Preguntan cómo es posible que un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO carezca de protocolos de seguridad suficientes para prevenir un ataque con arma de fuego en plena explanada, a plena luz del día y ante miles de turistas. La indignación crece al observar que, en lugar de anunciar medidas concretas de refuerzo inmediato o rendir cuentas sobre fallas operativas, la respuesta oficial fue señalar a Calderón y Peña Nieto.
La polémica expone dos visiones irreconciliables. Para unos, la diputada Valdepeñas ejerció una defensa legítima del legado de la Cuarta Transformación al recordar que la violencia no surgió en 2018. Para otros, se trata de la repetición de una fórmula ya conocida: trasladar la culpa al pasado para evitar examinar las deficiencias presentes en inteligencia, vigilancia y prevención. Esta estrategia, advierten, erosiona la confianza ciudadana y proyecta al exterior una imagen de un país que no asume sus obligaciones actuales. El incidente en Teotihuacán no solo cuestiona la seguridad turística, sino que obliga a preguntarse si el gobierno actual prioriza la rendición de cuentas o la narrativa política.
El debate apenas inicia. Mientras las investigaciones avanzan y las familias de las víctimas exigen respuestas, la sociedad observa si la responsabilidad institucional se traduce en acciones preventivas o sigue diluyéndose en recriminaciones históricas. El resultado definirá si México avanza hacia una verdadera pacificación o perpetúa un ciclo de excusas que indigna a quienes padecen la inseguridad diaria.
