Al menos desde la transición democrática, México ha sido un entusiasta constructor del sistema internacional y hemisférico de defensa y promoción de los derechos humanos. El México democrático encontró en este rubro de su nueva política exterior la posibilidad de promover importantes cambios internos, a partir de un intenso activismo internacional. Luego de grandes logros, comenzando por la apertura en México de una Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en 2002, pasando por las contribuciones de la diplomacia mexicana para conformar el actual Consejo de Derechos Humanos de la ONU y habiendo suscrito y ratificado prácticamente todos los instrumentos internacionales que nos competen en la materia, vivimos hoy un innegable retroceso. No sólo se ha ensanchado la brecha entre lo que México promueve en los organismos internacionales y lo que sucede en la realidad, sino que hoy descalificamos lo que nosotros mismos hemos construido cada vez que estos organismos no coinciden con el diagnóstico que de la situación del país tiene el gobierno.
Al tiempo que el Presidente de la República ofrecía un firme compromiso con los derechos humanos durante su intervención en el debate inaugural de la 70 Asamblea General de la ONU, en Nueva York, hace apenas unos días, durante su gobierno se han rechazado las conclusiones a las que distintos organismos internacionales han llegado sobre la situación nacional. Por eso, al término de la visita que esta semana efectuó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, éste hizo un llamado de la mayor importancia cuando señaló: “Mi mensaje sobre esta reciente y preocupante tendencia, que se contrapone al papel constructivo de México en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra es el siguiente: en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, y continuó “Todos queremos ayudar a México, e ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del Estado cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos”.
Enfocarnos en el mensaje exige, como recomendó el alto comisionado, escuchar y adoptar cada una de las recomendaciones que de buena fe la comunidad internacional efectúa. Si encuentran, como lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidencia de problemas graves en materia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, falta de acceso a la justicia, impunidad y escasa protección de periodistas y defensores de derechos humanos, la respuesta no debe ser la descalificación a la institución y sus funcionarios, sino un mayor compromiso para superarlos. Si el relator contra la Tortura advierte de una crisis generalizada en la materia, la respuesta no puede ser la negación automática y el ataque al relator, ni la repetición incansable de la frase “no todo México es Ayotzinapa”, sino no olvidar que también Ayotzinapa es México.
Si las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana ponen en duda las investigaciones del caso Ayotzinapa, la respuesta no puede ser otra sino la adoptada este viernes: un nuevo peritaje con la presencia de expertos internacionales del mayor prestigio. El gobierno mexicano y todos los actores políticos debemos recordar que la misión de los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos que nosotros mismos establecimos fue, precisamente, hacer lo que han hecho recientemente con México: señalar insuficiencias con fines de mejora. Aprovechémoslo.
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