Para no perder esa bonita costumbre, esta semana el presidente López Obrador salió con otra de sus clásicas ocurrencias.
En su absurda lucha contra su némesis el INE, propuso reformar la Constitución para establecer las reglas que permitan someter a votación popular el nombramiento de las y los Consejeros electorales; y ya entrados en vaciladas, también a las y los Magistrados del Tribunal Electoral.
El presidente propone que se haga una lista de 60 candidaturas, 20 de las cuales sean propuestas por él, otras 20 por el Congreso (dominado por él), y otras 20 por el Poder Judicial (cada vez más cercano a él), y que esa lista se someta a votación popular, de modo tal que quienes obtengan mayor votación integren esas instituciones electorales.
Desde luego esto es todo un despropósito, porque lo único que busca es controlar a esas instituciones. Se trata ya no de debilitar al INE, sino de desaparecerlo, y en el caso del Tribunal, capturarlo.
Es evidente que, al menos dadas las actuales condiciones, con ese modelo, al presidente y a la 4T les resultaría relativamente sencillo lograr que la gran mayoría de las y los Consejeros y Magistrados terminaran siendo sus allegados. En ese sentido, lejos de alcanzar el supuesto propósito de evitar el fenómeno de las cuotas partidistas, el fenómeno de la captura de las instituciones se exacerbaría.
El problema es que la idea puede ser popular, como suelen ser los discursos de los populistas -no por nada se les llama así-, pero en realidad se trata de una idea pésima. Veamos:
De los 217 países que tienen órganos electorales similares al INE, en ninguno se designa a sus directivos mediante el voto popular, y en el caso de las y los jueces -electorales o de cualquier otro tipo-, son verdaderamente excepcionales los países en los que se les nombra mediante esa vía.
Incluso en el ejemplo menos malo, que es el de los Estados Unidos, en donde, en algunas de sus entidades federativas se elige a las y los jueces comunes por la vía del voto directo, la experiencia no ha sido la mejor. Un estudio muy interesante del profesor de historia del derecho de la Universidad de Stanford, Lawrence Friedman, revela que ese sistema no ha garantizado ni la idoneidad, ni la integridad, ni la independencia judicial.
De hecho, el estudio también arroja que en los Estados donde esos funcionarios son postulados por los partidos, la cercanía de los jueces para con los partidos se acentúa aún más, y en donde compiten de manera independiente, se presenta un fenómeno en el cual los intereses económicos intervienen a favor de la elección de jueces a modo, y en contra de la reelección de jueces incómodos, pervirtiendo la imparcialidad de los Poderes Judiciales locales. De hecho, por estos motivos, algunos Estados han revertido esos modelos, para que estos nombramientos ya no se sometan a elección popular.
Pero hay un ejemplo aún más revelador: Bolivia. En 2011, con los mismos argumentos de López Obrador, Evo Morales promovió una reforma constitucional que puso en marcha una elección popular para nombrar a las y los Magistrados de los más altos tribunales de país. A la postre, ya por el año 2016, los tenía tan sometidos, que los órganos jurisdiccionales llegaron al extremo de autorizarle una segunda reelección presidencial, aún y cuando la Constitución (que él mismo había impulsado) solo permitía una reelección. El argumento era absurdo; señalaron que si se le impedía volver a reelegirse se violarían sus derechos políticos y sus derechos humanos. A ese grado tenía capturado ya al Poder Judicial.
En definitiva no, elegir a las y los Consejeros y Magistrados por voto popular no es sensato; puede ser popular insisto, pero desaseado.
Lo que la evidencia demuestra es que el mejor mecanismo para el nombramiento de este tipo de funcionarias y funcionarios, es aquel en el que se consolida una participación y vigilancia puntual por parte de ciudadanos expertos, es decir, mediante Comités de Selección muy bien integrados. Esa es la ruta que han tomado los países que tienen las mejores instituciones electorales; lo otro, es un intento más por debilitar a la autoridad electoral, a la oposición, y a la democracia.
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