Madruguete del PRI-PVEM contra #Ley3de3

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¿Con qué argumentos podrían pasar por alto la participación de los ciudadanos en el control democrático de la autoridad?

El esfuerzo que han realizado un importante grupo de organizaciones e instituciones académicas para diseñar una propuesta legislativa sólida que se ajuste al mandato de la Constitución y atienda los más altos estándares internacionales y mejores prácticas es en sí muy meritorio, pero éste se potencia al haber logrado la recolección de 120 mil firmas de ciudadanos para que se presente formalmente ante el Congreso como iniciativa ciudadana y deba ser considerada en el proceso de análisis y dictamen.

Cada vez se hace más evidente que la única forma de superar las resistencias de la clase política y poner al interés general por encima de los intereses políticos y económicos de algunos -no pocos- de sus integrantes, es a través de la participación activa de la sociedad a partir de una agenda compartida y de una estrategia bien articulada siendo este un buen ejemplo de ello. Hacía falta que se pasara de la crítica a la acción y se trabajara en torno a un objetivo común, que en este caso es ni más ni menos que el combate a la corrupción.

Desde hace algunos meses tanto el PAN como el PRD habían presentado iniciativas en la materia -que por cierto tienen muchos puntos de coincidencia con la llamada Ley 3de3- y más allá de la realización de algunos foros, no parecía que la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado encabezada por el PVEM tuviera mucha prisa en dictaminar, aún cuando el plazo constitucional  vence el 28 de mayo y el periodo de sesiones termina el 30 de abril.

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De hecho el PRI y el PVEM presentaron en conjunto sus respectivas propuestas hace apenas 15 días -que diversos especialistas han calificado como notoriamente insuficientes e incluso que distan mucho del espíritu de la reforma constitucional-, pero repentinamente les entró la urgencia y ya circularon un proyecto de dictamen lo que da lugar a otra interpretación.

Que en realidad se trata de una táctica para evitar que en el proceso de análisis y discusión se incluya la iniciativa ciudadana que aunque la conocen de sobra, todavía no llega formalmente al Senado ya que en este momento las firmas se encuentran en revisión en el INE, lo que no se puede descartar pues no sería la primera vez que se intenta diluir en la legislación secundaria lo alcanzado en las reformas constitucionales, además de que resulta claro que el tema no le es cómodo al gobierno ni a su partido.

Si las resistencias finalmente se imponen y se excluye de la discusión una propuesta que cuenta con el aval técnico de las más prestigiadas instituciones académicas como el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como con el apoyo de organizaciones muy serias como el IMCO, Transparencia Mexicana, México Evalúa y de decenas de miles de ciudadanos, representaría una grave afrenta contra la sociedad y como bien señala Mauricio Merino habría que preguntarnos ¿con qué argumentos podrían pasar por alto la participación de los ciudadanos en el control democrático de la autoridad?

Esperemos –y exijamos- que no sea así. Ya se han levantado algunas voces de legisladores de oposición que demandan que no solo se considere la Ley 3de3, sino que en un ejercicio de parlamento abierto se incluya a sus promotores y se transparente el proceso legislativo. Existen algunas experiencias exitosas recientes con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes o con la legislación secundaria en materia de transparencia, y esta no debe ser la excepción.


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