Se dijo por varios analistas que el gobierno de Enrique Peña Nieto pasaba por un momento creciente de incompetencia; pasmado por los acontecimientos de Tlatlaya y Ayotzinapa que pusieron en vilo el tan cacareado momento reformador del país, no supo responder a la exigencia social. Frente a la corrupción que circunda al Presidente y a su equipo más cercano, las respuestas han pasado del engaño a la burla. No es pues una falta de talento, sino un exceso de cinismo en el que el régimen priísta recupera sus ejes de funcionamiento más autoritarios. Lo escribió muy bien, ayer, Ricardo Raphael en estas mismas páginas: “Cuando el animal se siente herido o aturdido privilegia sus instintos más primarios. Acaso por ello el gobierno nacional ha dado rienda suelta a sus instintos más priístas”.
Están colocados los signos de la regresión autoritaria que muchos anticipamos con el regreso del PRI. El tamaño y lo delicado de la vuelta hacia atrás está dibujado en estos días recientes: quiere Peña Nieto hacerse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impulsando candidatos a Ministros, carentes de la más mínima carrera judicial y prestigio jurídico, para asegurarse la impunidad que necesita a través de operadores políticos y personeros de intereses estrictos. La crisis de legalidad e imparcialidad del INE a cargo de un bloque de consejeros electorales que perdieron todo escrúpulo para favorecer al partido que los impulsó. La exoneración por parte del TRIFE del Monexgate, esa montaña de dinero sucio con el que Peña financió su campaña, y el rebase de los topes de gasto, son parte del conjunto de decisiones que marcan esta época simuladora.
Pero si algún hecho pinta de cuerpo entero la regresión que vivimos, es la postura que ha asumido el Presidente de la República con relación al proceso legislativo reglamentario en materia de transparencia y acceso a la información. A través de su consejero jurídico ha formulado propuestas de modificación a la iniciativa de ley general, que constituyen un franco retroceso. En medio de la crisis de legitimidad, por los suelos la imagen del Presidente, quieren cerrar más en lugar de abrir, buscan mantener la opacidad en las investigaciones del ministerio público cuando debieran apostar por la transparencia para que “la verdad histórica” por lo menos dure un poco más de 24 horas.
Contrario a lo que dice la Constitución quieren eliminar el escrutinio directo de los fideicomisos y fondos públicos, estableciendo un tratamiento que crea sujetos obligados indirectos; pretenden obstaculizar el Sistema Nacional de Transparencia incorporando a los sujetos obligados como “observadores permanentes”; introducen definiciones que atentan contra el principio de máxima publicidad; colocan las variables económicas como motivos de restricción del acceso a la información; buscan limitar al IFAI de presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias; que la declaración patrimonial de los servidores públicos no sea información pública oficiosa, salvo que esté autorizada por él, para “salvaguardar” su derecho a la vida privada.
También propone que los sujetos obligados relacionados con actividades de seguridad pública y nacional, así como las autoridades investigadores del IFT y COFECE no tengan comités de transparencia, porque sus acciones e investigaciones requieren secrecía. Platean exonerar a los sujetos obligados a entregar información cuando declaren su inexistencia, aun y cuando se trate de información que se refiera a las facultades, competencia y atribuciones de los servidores públicos, ello porque según su dicho no necesariamente han ejercido esas atribuciones, por lo que bastaría con el acta de inexistencia emitido por el comité de transparencia.
Sobre los créditos fiscales que no sea una obligación de transparencia la revelación del nombre y montos condonados, cancelados o exentos, ya que es imposible identificar a los beneficiarios del pago de IVA como los vendedores de libros, por ejemplo. Que la calificación de violaciones graves a derechos humanos solamente sea declarada por “las autoridades correspondientes”, no por el IFAI. Se incluye la posibilidad de sancionar a los funcionarios de los organismos garantes cuando revelen información que pueda generar daños a los sujetos obligados.
El derecho a saber es uno de los frutos más palpables de la transición democratica, y un empeño distinguible de los gobiernos de Vicente Fox como en el de Felipe Calderón. Se trata de uno de los instrumentos más eficaces de un verdadero sistema de rendición de cuentas y es palanca estratégica en el combate a la corrupción. Sería una hipocresía legislativa y un contrasentido político que avanzaran reformas constitucionales en anticorrupción, y la legislación secundaria en transparencia consignara retrocesos. De hecho, no debería avanzarse en la discusión del sistema nacional anticorrupción, si antes no queda claramente definida la ley general de acceso a la información y los ajustes a la ley federal.
Vamos a ver hasta donde llega el entramado de complicidades en el que se alienta la regresión autoritaria. La respuesta de la oposición en este rubro no puede más que darse en el deber del equilibrio y contrapeso a que está llamada la división de poderes frente a los abusos y excesos, pues no es otra cosa lo que está colocado por el Consejero jurídico del Presidente, un autentico desafío autoritario a estos derechos ganados por la sociedad.
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