Los pintores Toledo y Hernández piden protección ante amenazas

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Los pintores Francisco Toledo y Sergio Hernández solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) medidas cautelares de protección ante amenazas que han recibido a raíz de su oposición a las acciones del gobierno estatal, que persiste en la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) en el cerro El Fortín.

La misiva presentada ante la CNDH estipula que la queja es directa contra el gobernador Gabino Cué Monteagudo y su secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego, quien promueve la construcción del CCCO.

Sergio Hernández, quien presentó la queja, exigió a la CNDH que en las medidas cautelares también se incorpore una orden de suspensión para la construcción del centro de convenciones por vulnerar a los oaxaqueños sus derechos culturales y a un medio ambiente sano y equilibrado, pero además porque consideró que el proyecto es ilegal y es un acto de imposición en el que personalmente se empeña el gobernador y su secretario de Turismo, beneficiario directo de la obra propuesta, al ser propietario del hotel (Victoria) más cercano al cerro del Fortín.

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La queja, con fecha del 5 de octubre, se dio un día después de que el gobierno del estado, con apoyo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, realizaron una consulta pública en la que supuestamente triunfó el Sí para la construcción del CCCO.

Ese mismo día, mediante la red social Twitter, el usuario @chidisimo33, identificado también como el armaño, comenzó una campaña en la que promueve la muerte de Francisco Toledo con el hashtag #muerteatoledoyalosenemigosdelCCCO.

Sergio Hernández señaló que la estigmatización que la administración de Gabino Cué les ha hecho ha originado agresiones físicas y verbales en su contra. El problema es que tanto él como Toledo –fundador del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca (Pro-Oax)– se han opuesto férreamente al proyecto.

El pintor consideró que las acciones del gobierno que encabeza Gabino Cué han sido violatorias de sus derechos a la libre manifestación de las ideas, amenazas contra la integridad física y sicológica, además de violaciones a sus garantías de participación ciudadana.

Finalmente solicitó la intervención de la CNDH para que se tenga un proceso de conciliación entre el gobierno del estado y los defensores del cerro El Fortín mediante un diálogo público que permita atender las raíces del conflicto en beneficio de la sociedad.

Recordó que durante una manifestación ocurrida el 30 de junio, en la que se realizó la clausura simbólica de la construcción del estacionamiento del centro cultural y que encabezó Francisco Toledo, fueron atacados por un grupo de choque de la Confederación de Trabajadores de México, pese a lo cual no han sido detenidos los responsables.

A quienes se quejaron y pidieron información, les enviaron un grupo de pandilleros armados con palos para golpearlos. El hecho no sólo es abusivo, inmoral e ilegal, también es delictivo. Desobedecer además la orden dada por un juez para suspender la obra es un desacato y se supone una conducta sancionada por las leyes penales, señala la misiva enviada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.


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