En Yucatán, un nombre resuena con fuerza en los círculos políticos y mediáticos: Joaquín Díaz Mena, conocido como el «Huacho», candidato a la gubernatura del estado por el partido Morena. Sin embargo, tras su imagen pública de líder político se esconde una trama de corrupción y opacidad que ha salido a la luz en los últimos días.
La prensa nacional ha revelado que Díaz Mena ha adquirido propiedades a precios notablemente por debajo de su valor real, en lo que parece ser una práctica recurrente de enriquecimiento ilícito. Dos ranchos millonarios han sido el centro de atención, pero ahora se suma otro predio rústico que no fue incluido en sus declaraciones patrimoniales, evidenciando un patrón de ocultamiento y deshonestidad.
Este tercer inmueble, ubicado también en la carretera Panabá-San Felipe, fue adquirido en enero de 2018 por un presunto pago de contado de 660 mil pesos. Sin embargo, su extensión de más de 2 millones de metros cuadrados lo valora en más de 10 millones de pesos en el mercado inmobiliario. Con esta nueva adquisición, el valor total de los ranchos del «Huacho» asciende a más de 34 millones de pesos, una cifra que no concuerda con su supuesta filosofía de austeridad y honestidad.
El candidato de Morena ha seguido el lamentable ejemplo de otros miembros de la clase política, omitiendo incluir estas propiedades en sus declaraciones patrimoniales. Su conducta se asemeja a la de personajes como Rocío Nahle y Manuel Bartlett, quienes han sido señalados por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Es especialmente preocupante que Díaz Mena haya ocultado estas fincas en momentos en que ocupaba el cargo de delegado del Bienestar en Yucatán, desde 2018 hasta septiembre de 2023, periodo en el cual se dedicó a acumular riqueza a costa del erario público. Su comportamiento demuestra una total falta de ética y un desprecio por los principios de transparencia y honestidad que tanto predica el partido en el poder.
Resulta irónico que un aspirante a gobernar el estado se haya enriquecido de manera tan desmedida en un contexto de austeridad republicana. Mientras se promueve la idea de un gobierno para el pueblo, en realidad se gesta una clase política que se enriquece a costa del sufrimiento y la necesidad de la población.
Este caso pone de manifiesto la hipocresía y la corrupción que imperan en las altas esferas del poder, donde la opacidad y el enriquecimiento personal son moneda corriente. Es hora de exigir cuentas claras y transparencia real en la gestión pública, y de castigar a aquellos que se aprovechan de su posición para llenar sus bolsillos a costa del pueblo. Yucatán, y el país entero, merecen líderes honestos y comprometidos con el bienestar de todos, no con el beneficio personal de unos pocos.
Los miembros distinguidos del Cártel Inmobiliario sigue creciendo se suman Rocío Nahle, Manuel Bartlett y ahora Joaquín Díaz Mena solo estas tres figuras públicas acumulan millones de metros cuadrados en propiedades.
La austeridad republicana…
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