Un gobierno, electo por los habitantes, debe representar el orden y aplicar la ley, pues no fue votado para humillar.
Recientemente los capitalinos hemos sido testigos, en vivo y en directo, de un evento que suscitó la polémica por el uso de una red social que fue utilizada para evidenciar a ciudadanos violando la ley.
A lo cual es fundamental establecer anotaciones al margen.
En primer lugar: un gobierno, emanado del partido que sea, no puede y no debe humillar bajo ninguna circunstancia a los ciudadanos.
Un gobierno, electo por los habitantes, debe representar el orden y aplicar la ley, pues no fue votado para humillar, denostar ni exhibir; en cambio, sí debe, por principio de legalidad, sancionar las conductas de aquellos ciudadanos que violen la normatividad.
Si a lo anterior le sumamos que se trata de un gobierno electo bajo las siglas de Acción Nacional, como en el caso de la delegación Miguel Hidalgo, entonces la falta es doble, pues se viola el primero de nuestros estatutos que establece el “reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana y, por tanto, el respeto de sus derechos fundamentales y la garantía de los derechos y condiciones sociales requeridos por esa dignidad”.
Exhibir a los ciudadanos y someterlos al escarnio público sin juicio de por medio viola, en consecuencia, este principio estatutario para cualquier gobierno que se identifique con el PAN.
Es así que un gobierno panista lo que debe hacer es aplicar la ley a quien viole y, después, fomentar la cultura que evite que continúe generando la falta.
Y el principio no es limitante, es la misma razón por la cual se determinó prohibir la presentación de personas detenidas como presuntos responsables de delitos ante medios de comunicación.
En segundo lugar: es cierto que las nuevas tecnologías y las redes sociales han abierto una ventana de oportunidad para la aplicación de nuevas estrategias para el combate a conductas delictivas.
Prueba de lo anterior es el sistema de fotomultas que permiten identificar cuando los conductores infringen el Reglamento de Tránsito. Sin embargo, sirvan los dos ejemplos para dimensionar el problema.
Mientras el sistema de fotomultas es una estrategia de gobierno, implementada por las dependencias autorizadas para ello, bajo la normatividad que los faculta; por otra parte, el uso de Periscope de una cuenta personal para exhibir conductas sin contar con la autoridad, ex profeso, es una conducta reprobable del funcionario público.
No se trata de una cuenta institucional ni de un programa delegacional. Estamos ante la actitud prepotente de una persona que se ostenta como autoridad pública, que no fue electa por los ciudadanos y que no tiene capacidad legal para sancionar.
Vamos, pues, validar lo que se ha hecho con el Periscope, equivaldría a que la policía grabara o fotografiara a las personas que son detenidas en operativos del alcoholímetro y remitidas al Torito y en tales condiciones las exhibiera de manera burda y violatoria de sus derechos humanos en Facebook.
Se ha abierto el debate, analicemos las conductas y establezcamos los límites. Pero algo es claro: un servidor público no puede bajo ninguna circunstancia exhibir y denostar a un ciudadano en detrimento de su dignidad y mucho menos, en una administración que se ostenta con las siglas de Acción Nacional.
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