Tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hicieron públicas las cifras de homicidios perpetrados en México durante 2014, cifras que, por cierto, no coinciden entre sí por diferentes razones, algunas de las cuales tienen graves consecuencias.
Según estudio realizado por la Fundación de Desarrollo Humano Sustentable, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el brazo ejecutor de los resolutivos que acuerda el Consejo Nacional de Seguridad Pública, informó que durante 2014 se registraron 17,324 víctimas por homicidio doloso y 18,631 víctimas por homicidio culposo, para un total de 35,955 víctimas, entendiendo como homicidio doloso los intencionales y los culposos como no intencionales; el INEGI por su parte, reportó un total de 19,669 homicidios dolosos lo cual indica que, si se compara con la cifra de homicidios dolosos del Secretariado, existe una diferencia de 2345 víctimas. Buena parte del problema reside en que el Secretariado contabiliza averiguaciones previas sobre homicidio doloso, mientras que el INEGI obtiene la información de los certificados de defunción en las que el médico legista reportó que la muerte se debió a: “factores externos por agresiones directas por cualquier arma, sustancia o mecanismo”.
Es decir, se trata de dos fuentes distintas de información que tienen criterios diferentes para catalogar la naturaleza de los homicidios. Es responsabilidad del Secretariado transparentar los criterios y métodos para integrar sus estadísticas que toma de los informes de las procuradurías estatales, las que no se distinguen por ser muy rigurosas en sus registros e informes.
La gravedad de esta discordancia de las cifras en homicidios tienen serias implicaciones, pues si el INEGI reporta certificados de defunción que son 2345 mayores que las víctimas que reporta el Secretariado, según las averiguaciones previas, significa que hay 2345 muertes que no tienen ni siquiera una averiguación previa por los ministerios públicos, encargados de localizar a los responsables, a pesar de que se supone que es precisamente el certificado de defunción el que detona el inicio de una averiguación por el Ministerio Público.
Hasta la fecha, ninguna autoridad estatal, ni el propio Secretariado han dado a conocer si se sigue un formato homogéneo para registrar el número de víctimas de homicidio en las Entidades y el Distrito Federal, ni se conoce ningún criterio de validación que permita establecer la consistencia de la información de las procuradurías locales.
Esta discrepancia en los números de víctimas por homicidio doloso agrega elementos de desconfianza en las autoridades, pues la sociedad tendrá que preguntarse ¿por qué no se investigan esas muertes a pesar de que existe un certificado de defunción y se sabe quiénes son las víctimas y dónde se realizó el homicidio? Según la ley, la autoridad debe actuar de oficio en estos casos, de lo contrario se está violando la ley y es responsable de incumplimiento de sus obligaciones.
En la información del año de 2014, se muestra que en 25 Entidades de la República el número de certificados de defunciones excede al número de víctimas reportadas dentro de las averiguaciones previas: En el Estado de México hay 601 certificados cuyas muertes no se están investigando; en Chihuahua hay 402 certificados de más; y en todo el país se tienen 2717 certificados de muertes que no se están investigando.
El Estado de México es el que presenta la mayor disparidad pues en 2014 el Estado reportó 2,879 homicidios según los certificados de defunción, pero la Procuraduría del Estado informó que hubo 2,278 víctimas de homicidio doloso, con una diferencia de 601 personas occisas, examinadas por médicos legistas que certificaron como causa de la muerte homicidio doloso, pero de cuyas muertes no se abrió un expediente de averiguación. Es decir, de cada 5 personas privadas de vida por homicidio, uno de ellos se ha quedado sin ser investigado por la procuraduría mexiquense.
Chihuahua ocupa el segundo lugar pues con 1692 certificados de defunción, sólo se están investigando 1290, quedando en el limbo 402 víctimas, esto es, de cada 4 víctimas, uno de ellos no aparece en la estadística de víctimas.
Además, hay siete estados en los que se reportan más víctimas que certificados de defunción, es decir que se tienen 372 víctimas por homicidio sin que el Ministerio Público cuente con certificado de defunción por ignorar la identidad de la víctima
Si la intención del Secretariado y de las Procuradurías Estatales es que no aparezcan demasiados muertos, no se percataron que el INEGI tiene una información diferente. Si se trata de errores de registro e información, los datos son muy delicados y deben sujetarse a estricta metodología de registro y comparación con otras fuentes, pero lo que no es admisible es que se siga confundiendo o malinformando a la sociedad, aumentando así su desconfianza en la autoridad.
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